Con la nueva Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que fue puesta en vigencia el año pasado y derogó una disposición similar que data del 1979,  la Cámara de Cuentas ha identificado a 3 mil 139 funcionarios que están obligados a presentar el documento y de éstos, solo 954 han entregado su declaración jurada, hasta el 12 de noviembre. El restante 2 mil 185 aún no lo ha hecho.

“Los 954 que han cumplido lo tenemos válidamente en nuestro servicio. Los demás que no han cumplido han sido reportados debidamente a tiempo a la Procuraduría General de la República mediante varios informes de incumplimiento que hemos realizado y también le ha sido notificado a sus titulares sobre ese incumplimiento”, explicó Virginia Peña Pérez, consultora para la  implementación de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios de la entidad.  

Hace algún tiempo la Presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, afirmó que con el dinero que le han robado al Estado Dominicano podrían construirse otras dos repúblicas.

Durante un taller, que organizó la CCRD este martes para mostrar a los periodistas el funcionamiento de esta Ley 311-14, el organismo detalló que hasta el momento, ha enviado 71 cartas a las distintas instituciones para notificar sobre el incumplimiento de su personal y ha hecho cuatro informes, remitidos en distintas fechas, para notificar al procurador Francisco Domínguez Brito sobre los  funcionarios “que se encuentran omisos y que han depositado en forma extemporánea ante nuestras oficinas”.

La Ley 311-14 en coordinación con la Ley 41-08 de Función Pública establece sanciones administrativas o penales para las personas que no hayan presentado su declaración de patrimonio a tiempo o hayan incurrido en irregularidades para ello. Hay penas de hasta 10 años de prisión y 10 más de inhabilitación cuando salga de la cárcel, en el caso donde se demuestre enriquecimiento ilícito del servidor público. 

La normativa 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio no establece fecha límites para los funcionarios que no hayan presentado el documento, ni le otorga facultad interventora a la Cámara de Cuentas, a fin de sancionar a los 2 mil 185 funcionarios que no han cumplido con la Ley.