Los jueces sometidos a juicio disciplinario, así como a los dos que se les impuso una coerción de tres meses de prisión preventiva por pertenecer a una red mafiosa que manipula procesos, son señalados por Affe Gutiérrez Gil como integrantes del entramado que lo condenó en varias ocasiones por la muerte de un menor de edad.

Gutierrez, esposo de la presentadora de Televisión Sarah Pepén,  hizo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, al Consejo del Poder Judicial y al procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, una solicitud de investigación a los magistrados José Dionicio Duvergé Mejía, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y el ex consejero del Consejo del Poder Judicial Francisco Arias Valera por el proceder en su caso.

Denunció que no es casualidad que Freddy Mateo Calderón sea el abogado de los jueces José Duvergé y Víctor Mejía, ya que ese mismo defensor es quien llevaba el proceso en su contra, a la vez que reveló que depositó una querella ante el Consejo del Poder Judicial porque éste tenía o tiene “una relación con una de las juezas que lo condenó mientras se conocía el caso”.
Duvergé Mejía fue quien el 24 de julio del 2009 lo envió a juicio de fondo junto a su padre Rafael Gutiérrez Heredia por la muerte de Wester Junior Solís, encontrado en un tramo de la autopista Las Américas, próximo al Hipódromo V Centenario, el 12 de junio del 2005.

Affe Gil permaneció 28 meses en el penal de La Victoria como preso preventivo.
De acuerdo a las certificaciones emitidas por la Fiscalía del Distrito Nacional, los imputados estaban detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el día previo a que fue encontrado el cadáver del menor, y que fueron liberados varios días después, puesto que cuando el juez les impuso como medida de coerción el pago de una multa, no lo pudieron hacer porque era fin de semana y fue el lunes 13 de junio cuando salieron libres.
Los procesados estaban detenidos desde la noche del 10 de junio de acuerdo a lo relatado por Affe Gutiérrez, porque la madre del occiso Mariluz Solís, previo a que este fuera encontrado muerto, había puesto una querella en contra de ellos porque a su hijo le propinaron golpes y heridas en el negocio de los Gutiérrez el 28 de mayo de 2005, presuntamente durante un intento de robo.
Criticó que los dos casos que involucran a los mismos actores se llevara un proceso en el DN y otro en la provincia Santo Domingo, lo cual, según contó, evidencia la manipulación y el dinero que hubo de por medio para que fuera condenado por algo que no hizo.

Presentó certificaciones del desistimiento que hizo la madre del occiso de las querellas que había interpuesto.

El 10 de marzo del 2010, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo integrado por Julio César Lara Ferreira, presidente; Daisy Indhira Montás Pimentel y Fernando Fernández Cruz, miembros, condenó a Affe a 30 años de prisión y dictó 10 a su padre tras ser hallados culpables del homicidio de Wester Junior. Esa decisión fue anulada por la Corte de Apelación el 7 de junio del 2010 y ordenó un nuevo juicio.

Para ello fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción integrado por Víctor Mejía Lebrón, presidente, Eudelina Salvador Reyes y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, quien subió como suplente del magistrado Eduardo de los Santos. Ese tribunal el 16 de noviembre del 2010 también les dictó 30 años, pero descargó al señor Gutiérrez Heredia.
También fue anulado por la Corte de Apelación el 19 de abril del 2011 y en su lugar emitió sentencia propia, esta vez descargando al imputado.
Affe dice que se había querellado contra Eudalina Salvador el 22 de agosto del 2012 ante la SCJ, pero que nunca se procedió y que el 18 de febrero del 2013 el Consejo del Poder Judicial archivó su querella en virtud de que su condena fue “una decisión colegiada y no unipersonal y porque el aspecto denunciado es de índole estrictamente personal y no evidencia una falta disciplinaria”.
Explica que menciona al ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, porque fue quien relató el archivo de su querella.
Su absolución fue revocada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la que ordenó otro juicio el 23 de noviembre del 2011, esta vez en el Distrito Nacional. Fue apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado, integrado en ese entonces por Claribel Nivar, presidenta; Nathalie Novas Soto y Awilda Reyes Beltré, ambas jueces suplentes en aquél entonces.
Solicitó la extinción del proceso pero fue rechazado el 21 de agosto del 2013 y ahora permanece abierto hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un recurso de inconstitucionalidad que él sometió.
Aseguró que solicitó a la Fiscalía de la provincia una investigación del fiscal que llevó su caso.