Empresario Ángel Rondón es vinculado a un escándalo de corrupción en España

España -Un nuevo escándalo de corrupción millonario en España vincula al empresario dominicano Ángel Rondón.

El juez que dirige la operación, Eloy Velasco, investiga supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

Nuestro país está incluido en la lista de países de Latinoamericana donde opera una veintena de compañía afiliadas, en la que la empresa Canal de Isabel II, gestora del sistema de agua en la capital española, tiene como representante directo o “socio estratégico” a Rondón, según  le llamó en la Asamblea de Madrid el portavoz del Gobierno Ángel Garrido.

Recientemente Canal de Isabel II pidió a Rondón que abandonara la presidencia del consejo de administración de la firma AAA Dominicana temporalmente, por el escándalo de los US$92, 000,000 en sobornos pagados por Odebretch.

AAA Dominicana, según su página web, se especializa en “la gestión del ciclo integral del agua y en la gerencia, asesoría, consultoría y gestión en el sector de agua potable y saneamiento básico”. Desde 2000 maneja la gestión comercial de los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, La Vega y La Romana.

Uno de los principales frentes que tiene abierto la empresa pública El Canal en Latinoamérica se centra en la compra de la empresa brasileña Emisión en 2013. La oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentó en marzo un informe a la Fiscalía contra la Corrupción en el que se indicaba que el Canal abonó por Emisivo 21,5 millones de Euros en 2013; al mes siguiente la empresa valía la mitad de ese importe (10,2 millones); al año, una cuarta parte (5,1 millones) y ahora está en pérdidas.

La documentación es el resultado de la comisión de investigación sobre corrupción política que se puso en marcha esta legislatura. La oposición cifra el quebranto económico por esta adquisición en 35 millones de euros. La operación se realizó a través de una sociedad instrumental, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, que carece de actividad, y los pagos procedieron de cuentas en Suiza.

Las graves revelaciones sobre esta adquisición desencadenaron una serie de destituciones  en España. Apresaron a dos de los responsables de la empresa pública que habían participado en aquella operación: la directora financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, y el responsable de Recursos, Fernando Cevallos. También salió Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, la principal filial del Canal en Latinoamérica, después de que apareciera vinculado en los papeles de Panamá a tres empresas.