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  • Por: Francisco Javier Mena
  • jueves 24 febrero, 2022

Tribunal unifica expediente de corrupción en la OMSA con el caso Yuniol Ramírez

Fiscal Mirna Ortiz recuerda que el proceso sigue su curso aunque los familiares de la víctima decidan retirarse como querellantes.

SANTO DOMINGO, RD.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinaron este jueves que la causa que se le conoce a Argenis Contreras por el asesinato del profesor universitario Yuniol Ramírez debe discutirse de forma unificada con el resto de los imputados por el crimen y los hechos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Claribel Nivar, Clara Castillo e Isabel Reyes Muñoz tomaron la decisión luego de acoger una solicitud del Ministerio Público para que estos hechos que, forman parte de una misma trama, no se discutan en el tribunal de forma separada.

El tribunal también ordenó que sean citados para la próxima audiencia los familiares de Yuniol Ramírez, quienes no comparecieron a la anterior, alegando que no tenían interés y que desistirían del proceso.

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión.

“Como todos pudimos observar el proceso de Argenis Contreras y los demás imputados del caso OMSA fue fusionado a solicitud del Ministerio Público, toda vez que se trata de un mismo proceso”, resaltó.

Ortiz señaló que el proceso se presentó en una misma acusación, y que son las mismas partes, los mismos testigos y las mismas víctimas.

“¿Qué ocurrió en este caso? Que con la fuga de Argenis se dividieron los procesos, pero una vez Argenis es capturado y de vuelta a la República Dominicana, pues pudo el Ministerio Público conseguir que se dictara auto de apertura a juicio; enviado al mismo tribunal, pues lo que correspondía legalmente era la fusión del proceso, que es lo que ha sucedido en la tarde de hoy”, subrayó la fiscal y docente de derecho.

Tras ser cuestionada sobre el desistimiento de la familia de Ramírez al proceso, Ortiz dijo que formalmente no tienen ninguna constancia de que los familiares de Ramírez, en su condición de querellantes, hayan desistido, porque no han depositado nada ante el tribunal.

Sin embargo, la fiscal de la Pepca recordó que eso no afecta las pretensiones del Ministerio Público, tras recordar que se trata de un caso de acción pública que dijo puede perfectamente continuar sin la presencia de las víctimas.

El Ministerio Público acusa por el crimen del catedrático y comunicador al ex empleado de la OMSA Argenis Contreras, quien es señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado, así como a José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

En tanto que por los hechos de corrupción en la OMSA enfrentan cargos el exdirector de esa institución Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz.

Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.

El crimen ocurrido en octubre de 2017 está vinculado con los alegados actos de corrupción administrativa, denunciados por Ramírez en la entidad gubernamental de transporte.

Luego del hecho Argenis Contreras huyó del país hacia los Estados Unidos, donde fue capturado y tres años después y tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró el pasado año que fuera entregado a las autoridades dominicanas.

Además de Mirna Ortiz, durante la audiencia donde se dio a conocer la decisión del tribunal de fusionar los procesos, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Wagner Cubilete y Elvira Rodríguez.

Las juezas Claribel Nivar, presidenta; Isabel Angélica Reyes Muñoz y Clara Sobeida Castillo Castillo dispusieron el aplazamiento de la audiencia  para el próximo 31 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, porque una de las imputadas no disponía de abogado defensor.

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