Clasifican como reservadas informaciones relacionadas con Punta Catalina

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, consideró que la clasificación como de naturaleza reservada los documentos relacionados con las plantas de carbón de Punta Catalina, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), es una acción destinada a ocultar de manera permanente del escrutinio de la opinión pública las decisiones tomadas por las autoridades en este proyecto y una negativa a todos aquellos que reclaman transparencia en la gestión de gobierno.

El primer vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, mediante el acto administrativo OAI-01/2016, fechado el 15 de enero de este año, clasificó como reservadas las informaciones sobre las plantas de carbón de Punta Catalina y el contrato para la siembra de caobas en el entorno de estas plantas, para negarse a suministrarlos al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente  (ISAPROMA) que los había requerido en el marco de la Ley  No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

El alegado acto administrativo que suscribe Jiménez Bichara, en su primera resolución dice textualmente que “se clasifica como reservada, en razón de intereses públicos preponderantes, la información requerida por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), en la solicitud marcada con el Número 591”.

En la solicitud aludida por el acto administrativo, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente requería de la CDEEE, el contrato de reforestación para el manejo y mitigación de daños de la plantas de carbón de Punta Catalina, firmado entre la CDEEE, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consorcio de la Caoba Dominicana (CONCADOM).

También solicitaba la información del presupuesto total destinado para la construcción de las plantas de carbón y la distribución de sus partidas, la cantidad de fondos que han sido invertidos en la construcción de estas plantas y la fuente de este financiamiento, y el nombre de los dueños de los terrenos donde se construyen.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático califica de extremadamente grave la declaración por parte de la CDEEE de las informaciones y los documentos relativos a la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina como de naturaleza reservada, porque con esta clasificación se pretende justificar la negativa a que el público conozca los detalles de este proyecto que está bajo muy serias sospechas de corrupción.

Expresó que este acto administrativo de la CDEEE es una respuesta no solo a INSAPROMA y a las demás organizaciones que han interpuesto el recurso de amparo preventivo ambiental ante el Tribunal Superior Administrativo contra las plantas de carbón de Punta Catalina, sino a todos los actores que participan en el Pacto Eléctrico que han solicitado iguales o parecidas informaciones.

Se preguntó cómo el gobierno pretende que se continúen las discusiones del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico cuando los responsables del sector blindan con el sigilo y la clandestinidad las informaciones y los documentos que prueban su permanente y descarada violación a las leyes y a la Constitución de la República.

Manifestó que la CDEEE se negó a entregar estas informaciones a INSAPROMA a pesar que esta entidad señalara en su comunicación que el propósito de la solicitud era depositar estas informaciones y  documentación ante el Tribunal Superior Administrativo.

“El cinismo de Jiménez Bichara es tan grande que toma el propósito de INSAPROMA de conducir el proceso por las vías legales e institucionales como pretexto para negar lo que por ley está obligado a entregar” aclaró.

Advirtió que el acto administrativo de la CDEEE es un atentado al derecho mismo al libre acceso a la información pública que toda la ciudadanía debe rechazar por su alta peligrosidad en un momento tan delicado que vive el país.

Indicó que la negativa de entregar información y documentos por parte de las autoridades siempre busca ocultar actuaciones dolosas, conflictos de intereses y violaciones a las leyes.

“En este caso en que se solicitaba copia certificada de un contrato que muchas personas saben que es un premio de consolación a un antiguo candidato oficialista a la alcaldía por el Distrito Nacional otorgado por la gracia del Poder, sin cumplir el requisito de una licitación”, puntualizó.

El Comité aseguró que la finalidad de este acto administrativo declarando como informaciones clasificadas y reservadas todo lo relativo al proyecto de Punta Catalina es un intento de cubrir con un manto impenetrable a la luz del sol la gran suciedad de un negocio plagado de corrupción y de abuso de poder desde el principio.