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Washington- Un juez federal de Hawái bloqueó hoy temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que debía entrar en vigor este miércoles, pero mantuvo la parte de la medida que afecta a Venezuela.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a EE.UU. de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
El magistrado Derrick Watson, de Honolulú, emitió el dictamen en respuesta a una demanda presentada por el estado de Hawái, por una mezquita de la citada ciudad, por un imán y dos residente de ese estado con familiares en los países afectados.
Según el juez, el veto decretado por Trump “claramente discrimina en base a la nacionalidad”.
La polémica medida del presidente “sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de EE.UU.”, explicó Watson.
El 18 de octubre era el día que marcó Trump para implementar su nuevo veto, pero ahora no podrá entrar en vigor en lo que se refiere a los seis países de mayoría musulmana, aunque es probable que el Gobierno interponga un recurso contra la orden del juez.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “orden peligrosamente defectuosa” del juez, que “socava los esfuerzos del presidente para mantener seguro al pueblo estadounidense”.
“El Departamento de Justicia defenderá vigorosamente la medida legal del presidente”, aseguró en un comunicado Sanders, que auguró que “el sistema judicial acabará por respaldar” el veto migratorio.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que su departamento “cumplirá” con la orden judicial, pero pronosticó que el Gobierno acabará imponiéndose en la batalla legal.
El caso Venezuela
En el caso de Venezuela, las restricciones del veto solo afectan a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
En concreto, quedan sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a EE.UU. información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, es decir, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
Según afirmó Trump en la proclamación de su veto, el Gobierno de Nicolás Maduro “no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública” de EE.UU. y, además, se niega a “compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo”.
En respuesta, Trump decidió restringir la entrada a territorio estadounidense de los funcionarios encargados de esas funciones con el objetivo de presionar al Ejecutivo Venezolano a mejorar su intercambio de información con EE.UU.
La mayoría de los venezolanos no sufrirán esos impedimentos porque el Gobierno de Trump es capaz de verificar su información personal acudiendo a “fuentes alternativas”, cuyo origen no se especifica en la orden presidencial del veto.
No obstante, a partir de este miércoles, los venezolanos que estén en Estados Unidos con un visado podrán ser sujeto de “medidas adicionales apropiadas” para garantizar que su información está actualizada y en regla.
El nuevo veto bloqueado este martes sustituía al proclamado en marzo y que entró en vigor, de manera parcial, en junio para impedir durante 120 días la entrada a EE.UU. de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).
Además de Hawái, otros estados progresistas y grupos defensores de los derechos civiles en EE.UU., como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), han presentado iniciativas para combatir el veto de Trump en los tribunales.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si acepta estudiar la legalidad de las medidas proclamadas por Trump en septiembre. EFE
