Renuncian 5 de 7 miembros de la Comisión de Veeduría del INABIE y dicen que no hay garantía de transparencia en el uso de los fondos públicos.

Renunciaron a su función como “veedores” cinco de los siete miembros de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Lo hicieron a través de una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en la que alegan que “no son tomados en serio”.

La periodista Ana Mitila Lora, los empresarios Ramón Báez y Flavio Rodríguez Méndez, y los representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, Frank de la Cruz y Johnnie Martínez, respectivamente, manifestaron que ya habían advertido que la existencia de la Comisión estaba amenazada por la ausencia de información oportuna.

“Con frustración y pesar, le comunicamos nuestra decisión de renunciar a la responsabilidad que usted puso en nuestras manos, designándonos como veedores del INABIE, una función gratuita desempeñada con esmero y dedicación por la mayoría de nosotros”, expresaron en la misiva fechada el 7 de este mes.

Se quejaron de que “llevamos más de un año requiriendo que el INABIE actualice su portal con informaciones básicas que garanticen la transparencia de sus actividades, y no recibimos respuestas”.

Agregan que “llevamos más de un mes esperando explicaciones sobre algunas intoxicaciones ocurridas en escuelas del interior del país y las justificaciones de por qué se contratan suplidores por tres años consecutivos que no reúnen las más mínimas condiciones para serlo, pese a la existencia de requisitos para los aspirantes”.

“No somos auditores ni expertos en tecnologías de alimentos, por más que nos hemos esforzado en comprender y darle seguimiento a los procesos de compras, contrataciones, intoxicaciones, etc., pero la ausencia de informaciones de parte del INABIE dificulta nuestra responsabilidad como veedores”, indican.

Sostienen que el artículo 25 del decreto 183-15 ha creado malestar en el seno de la referida Comisión, debido a que las disposiciones del Poder Ejecutivo obstaculizan que los veedores informen a la opinión pública lo que ocurre en las instituciones observadas.

“La modalidad establecida limita el necesario proceso de rendición de cuentas. Sin ser abogados ni juristas, entendemos que ante ese decreto los veedores podrían resultar con menos derechos que cualquier otro ciudadano en su facultad de denunciar cualquier irregularidad. O sea, se vulnera la libertad de expresión”, expresan.

Añaden que “hemos visto con preocupación que ante los escándalos de corrupción que han explotado en los últimos meses, algunos funcionarios argumentan y defienden la transparencia gubernamental basados en la existencia de comisiones de veedurías”.

“Entendemos que con esas afirmaciones se está haciendo un uso político de los veedores, ya que por los menos en esta comisión, caracterizada por trabajar arduamente, sabemos de las grandes limitaciones que hay que enfrentar para obtener informaciones completas y oportunas. Así que sobradamente sabemos, que lamentablemente, la existencia de comisiones de veedurías, no garantiza per se, la transparencia ni el uso honesto de los fondos públicos. Cobra espacio el sentimiento de que estas comisiones sólo están sirviendo para legitimar las ejecutorias de funcionarios”, puntualizaron.