La Falconbridge va al banquillo de los acusados el 19 de enero del 2016.

El Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fijó audiencia para el 19 de enero del 2016 para conocer de la acusación contra la Falconbridge Xtrata Nikel presentada por la Procuraduría General Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por violar la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la ley general de salud No. 42-01.

El proceso se origina con la querella con constitución en actor civil interpuesta por el abogado Euren Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), en representación de la comunidad de Quita Sueño, Haina, quienes resultaron afectados seriamente de salud por la emanación de sustancias químicas peligrosas llamada NAFTA un derivado del petróleo.

El jurista sostiene en su querella que el crimen ambiental y a la salud cometido por FALCONDO contra el pueblo indefenso de Quita Sueño de Haina, no tiene otro nombre que “crimen ambiental colectivo”.

Explicó el doctor Cuevas Medina que la empresa tuvo dos semanas emitiendo NAFTA al aire, sustancia química considerada altamente peligrosa capaz de producir cáncer y precisamente en la querella se identifican dos fallecidos producto de las emanaciones de NAFTA, según el Ministerio Público y los querellantes.

Aseguró que varias personas en esa comunidad han muerto de cáncer después que FALCONDO contaminó con NAFTA y que otras personas están aquejadas de esta enfermedad.

Los actores civiles y querellantes informaron que están solicitando por la parte penal 10 años de prisión para cada uno de los responsables y 10 mil salarios mínimos de manera solidaria, toda vez que se le aplica las penas del Código Penal Dominicano cuando por el hecho ambiental hayan fallecido personas.

También señalaron que en cuanto al aspecto civil solicitan 500 millones de pesos como justa indemnización a los afectados y la obligación de restaurar el daño, ya que entre las víctimas figuran 2 muertos y toda la población, como lo demuestran los vídeos que se presentan ante el tribunal como pruebas del crimen cometido y las mismas declaraciones incriminatorias de Falcondo.