El presidente de la Alianza por la Democracia –APD- se opuso a que la Liga Municipal Dominicana (LMD) continúe siendo utilizada como fuente de financiamiento ilegal para partidos en el gobierno y aliados.
Max Puig planteó que el presupuesto que recibe la LMD que asciendo a 849 millones 312 mil 570 pesos se les transfiera a las municipalidades más pobres, las más pequeñas y a las fronterizas, en compensación a los bajos ingresos que reciben a través de las transferencias del gobierno central en base a la cantidad de población.
Explicó que la municipalidad dominicana ha sido castigada por todos los gobiernos que ha tenido el país desde el 2004 que se han negado a cumplir con la Ley 166-03 que ordena que se les entregue a las municipalidades el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado.
“Ahora que el Presidente Danilo Medina se apresta a quitarle el botín de la LMD a los reformistas para dárselo a sus nuevos aliados del PRD, es el momento de que el país reclame una vez más la eliminación de este organismo y que su presupuesto que merma en un 5% la muy baja transferencia que reciben las municipalidades, compensen aunque sea en parte lo poco que reciben”, señaló.
Calificó de crimen que se utilice de forma ilegal los recursos del Estado para financiar campañas, pero es aún mayor este crimen cuando este dinero se le sustrae a los gobiernos locales que por carecer de los recursos suficientes que les acuerda la ley no pueden prestar servicios de calidad a la población.
Recordó los escándalos de corrupción destapados hace unos años, alegadamente cometidos por Amable Aristy Castro durante su gestión en la dirección de la LMD, y del muy reciente empleo del presupuesto de esta institución para supuestamente promover la candidatura de su actual secretario general, Johnny Jones, a la senaduría del Distrito Nacional.
Dijo que desde antes que se aprobara en el año 2007, la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios está muy claro para el país que la Liga Municipal Dominicana (LMD) no cumple ninguna función a favor de las municipalidades y que únicamente existe como prebenda política para ser otorgada por los gobiernos de turnos a sus más estrechos colaboradores y a sus aliados.