El Tribunal Disciplinario del Ministerio Público sugirió la cancelación de los dos fiscales de la provincia Santo Domingo, implicados en el robo de más de 900 kilos de cocaína y por su alegada complicidad con altos mandos que laboraban en La Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional –DICAN, sugerencia acogida de inmediato por la Procuraduría General de La República.
Los ex fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Beras Castro, según alega la institución, “traicionaron el sentido del honor del Ministerio Público con hechos inadmisibles que no vamos a tolerar”.
El próximo 26 del mes en curso se dará lectura íntegra del dispositivo del Tribunal Disciplinario del Ministerio Público en el salón de prensa de la Procuraduría General de la República.
Los fiscales destituidos nunca podrán ejercer en el Ministerio Público y durante cinco años están inhabilitados para desempeñar cualquier función pública, según consta en la decisión adoptada por el referido Tribunal Disciplinario que preside el magistrado Carlos Castillo.
Para tomar la decisión se celebró una audiencia que se extendió por más de 10 horas en el cuarto piso del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde también participó, como testigo, el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, titular de Inspectoría de la Procuraduría, quien sometió el expediente, además de la raso de la PN, Raydilis García Miranda, adscrita al DICAN, y el sargento Antonio de los Santos.
Los fiscales fueron sometidos a la justicia junto a otros implicados, incluyendo al ex director del DICAN, Carlos Fernández Valerio, por presuntamente haber sustraído la droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre del 2014, en un caso por el cual las autoridades de la Procuraduría General, aseguran pedirán la mayor drasticidad en las condenas, de acuerdo a lo estipulado en las leyes.