Jueza descarta que la prisión surta efecto persuasivo en los usuarios de drogas.

La magistrada Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y responsable del proyecto Tribunales de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ), afirmó que el consumo de sustancias controladas no cesa en el umbral de la prisión, porque es un problema de salud pública; una enfermedad crónica frente a la que el encarcelamiento no surte ningún efecto persuasivo.

Entrevistada por Junior Santana, coordinador de la Unidad de Justicia Penal del Observatorio Judicial Dominicano OJD-Funglode, Romero sostuvo que si la persona que consume drogas entra a la prisión por un delito menor, esto no limita su consumo de estupefacientes, por lo cual se lanzó el proyecto Tribunales de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ), el cual va dirigido a infractores de delitos menores, sin incluir traficantes ni a las personas que cometen delitos mayores contra las personas o las cosas”.

La titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción dijo que este proyecto consiste en un modelo de tratamiento que surgió para ofrecer, bajo la tutela del sistema de justicia, una serie de alternativas al encarcelamiento de las personas que cometen ilícitos de posesión y consumo de drogas, y se originó a partir de una alianza de entendimiento entre la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Consejo Nacional de Drogas (CND), que sentó las bases para un acuerdo interinstitucional entre el Consejo del Poder Judicial (CPJ), la Procuraduría General de la República (PGR), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), entre otras entidades.

En opinión de la entrevistada, la cantidad de casos que entran al Poder Judicial producto del consumo de drogas afectan la capacidad operativa del sistema, porque en la mayoría de estos casos se observaba que una misma persona reincide en la violación de la ley.

El proyecto TSJ implica un cambio de la visión del juez respecto a la interpretación de la norma y su aplicación, “porque como lo estábamos haciendo históricamente no funcionaba. Las personas que intervienen en delitos menores por consumo de sustancia van a reincidir mañana y pasado, hasta que no se le dé el tratamiento adecuado”, destacó.

La magistrada Romero concluyó diciendo que de implementarse este proyecto en otros departamentos judiciales se puede producir una disminución de los casos de usuarios de sustancias controladas, que es competencia de los tribunales penales.