El abogado Namphi Rodríguez, Presidente de la Fundación Prensa y Derecho, advirtió que se habría violado la Constitución y la Ley de Contrataciones Públicas con un alegado “contrato oculto” para la construcción de una planta a carbón, porque se pretendió convertir un poder de representación del Presidente de la República en un acto de adjudicación, obviando los principios de transparencia, objetividad, igualdad y publicidad.
El especialista en Derecho Constitucional dijo que mediante ese procedimiento se habría adjudicado un “típico contrato de concesión” sin cumplir con el trámite preceptivo de someter a concurso la obra y sin remitir el contrato al Congreso como ordenan los artículos 93 y 128 la Constitución.
Rodríguez agregó que ese contrato pudo generar consecuencias imprevisibles porque contiene cláusulas lesivas a los intereses del país, como las que disponían que el Estado debía adquirir las plantas si no resultaban rentables para los inversionistas.
Dijo que el contrato debió remitirse al Congreso luego de una licitación pública, porque jurídicamente se trata de una concesión mediante la cual el Estado concedente se compromete a comprar a la empresa concesionaria 600 megavatios de energía, con lo cual se comprometen los recursos del erario, que acabarán pagando los consumidores.
Rodríguez adujo que con el “procedimiento viciado” se habrían echado por la borda las pautas de legalidad administrativas y constitucionales para beneficiar a una empresa dudosa.
“Eso tiene que acarrear consecuencias, no puede ser que en momentos en que el Presidente habla de transparencia y honestidad pública se dejen pasar estos actos dudosos como el que ve llover, a pesar de que la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico plasman criterios objetivos para ese tipo de obras”, deploró.
Observó que se está ante un contrato de concesión mercantil en el que no sólo se ofrecen significativas ganancias, sino que se cubre a los inversionistas con la posibilidad de la compra de la obra si no es rentable.