La Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), denunció este miércoles que más de 200 taxis de color amarillo, afiliados a la entidad, no han podido renovar los marbetes a causa de una medida de oposición de parte del Ministerio Público.
Responsabilizaron del hecho a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, tras calificar la acción como un atropello que no les permite trabajar y con ello cubrir el sustento de sus familias debido al impedimento.
“Estas unidades de transporte fueron adquiridas por más de 200 familias a través de un financiamiento del Banco de Reservas, con la participación de la firma privada IMPIESESA y UNATRAFIN como garante”, explicaron.
El gerente ejecutivo de IMPIESESA, Amín Quevedo y Carlos Ferreras, en representación de los taxistas afectados, pidieron al presidente Danilo Medina no permitir que en su gobierno se practiquen acciones contrarias a lo que son sus normas a favor de las grandes mayorías.
Hicieron la denuncia en el marco de la presentación del nuevo presidente de Unatrafin, Juan Santana Soriano, quien asumió temporalmente la presidencia de esa organización para suplir la ausencia del titular, profesor Arsenio Quevedo, quien está recluido en un centro penitenciario cumpliendo una medida de coerción.
Los miembros del Buró Ejecutivo de esa entidad explicaron que con el ascenso temporal de Santana Soriano se cumplen los preceptos del artículo 41 de los estatutos de la organización.
Destacan que en su articulado, en ausencia del presidente de UNATRAFIN esa plaza es ocupada temporalmente por el primer vicepresidente, que es el cargo que ostenta Juan Santana Soriano.
"Con esto no solo estamos dando cumplimiento a nuestros estatutos, sino que mantenemos a UNATRAFIN en el marco de la institucionalidad, y a nuestras rutas y organizaciones afiliadas ofreciendo nuestros tradicionales servicios a favor de los usuarios del transporte público de pasajeros", sostuvo.