JCE advierte no permitirá financiamiento electoral de USAID a gais ni lesbianas.

La Junta Central Electoral (JCE) advirtió este jueves que no permitirá el financiamiento a candidatos electivos por parte de organismos o gobiernos extranjeros.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, aseguró que es contrario a la ley el anuncio atribuido por los medios de prensa a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), de que financiará a los candidatos que defiendan a los gais.

“Sobre el particular, y en respuesta a su pregunta, me permito recordar que el artículo 47 de la Ley Electoral 275-97 define cuáles son las fuentes de ingreso de los partidos y de los candidatos para contender en un proceso, el cual establece que las contribuciones, directas o indirectas, provenientes de gobiernos extranjeros, para el sostenimiento de los partidos y/o el financiamiento de campañas, es ilícito”, indicó Rosario.

Añadió que “en atención a la información referida, de manera uniforme en casi todos los medios, advertimos que la JCE no permitirá que ningún candidato, sin importar el partido por el que sea postulado, pueda tener ventajas y ser financiado, de manera directa o indirecta, por instituciones que representen otros Estados, e instituciones extranjeras con intereses particulares”.

A a fin de evitar este “ventajismo electoral”, se tomarán medidas cautelares que permitan el cumplimiento del imperio de la Ley, indicó el presidente de la JCE.

La Usaid, de acuerdo a publicaciones de distintos medios, informó que ha otorgado un millón de dólares para fortalecer la agenda de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y otras actividades, incluidos candidatos políticos que la respaldan.

“Ustedes saben que estamos en una campaña electoral y hay algunos candidatos -como ustedes saben- que representan la ciudadanía dominicana, incluidos los miembros de la comunidad LGBT, y también el fortalecimiento de organizaciones dominicanas que representan los intereses de la comunidad LGBT en la República Dominicana”, dijo a periodistas la directora de la USAID en República Dominicana, Alexandria L. Panehal.
La funcionaria fue abordada por la prensa luego de concluida la inauguración de la Cámara de Comercio LGBT de República Dominicana, en el hotel Marriot, de Santo Domingo, efectuada como parte de la agenda de la Cuarta Cumbre Gay y Lésbica Nacional de Estados Unidos.

En esa actividad participó el embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo, James Brewster y su pareja Bob Satawake.

El doctor Rosario Márquez afirmó que la JCE garantiza los derechos de los candidatos y a partidos sin importar su credo, sexo, color, o cualquier otra característica.

Agregó que “en mi condición de presidente de la JCE me permito puntualizar que las personas de nacionalidad dominicana que se identifiquen con la comunidad LGBT, o cualquier otra minoría, tienen la garantía del organismo electoral de que sus derechos serán protegidos, y de que el ejercicio de los mismos serán garantizados”.

“Pero en ese mismo sentido, se protegerán y garantizarán los derechos de los demás”, precisó Rosario Márquez.

Sostuvo que cónsono con la Constitución y las leyes, la próxima semana someterá al Pleno de la JCE una propuesta de medida cautelar, a fin de evitar que se materialice, parcial o totalmente, esa propuesta de Usaid.

“Tomaremos la medida dentro de la política definida por la Junta de garantizar igualdad de oportunidades y equidad en la competencia, y evitar los desequilibrios y discriminación que se producirían como consecuencia de esta acción. Si se ha tomado medidas para evitar fondos públicos en el país, menos permitiremos extranjeros financien candidatos”, dijo.

En declaraciones al vespertino El Nacional, Roberto Rosario afirmó que si los representantes de la comunidad LGBT, o cualquier otra persona de cualquier sector, reciben financiamiento o recursos provenientes de otros Estados, o de instituciones no nacionales, esta práctica se inscribiría en lo que se conoce como ventajismo y competencia desleal, por demás prohibidos de manera expresa por la Constitución y las leyes.