Los sectores choferiles que no representan a sindicatos, sino a poderosos emporios económicos, deben ser intervenidos por el Estado Dominicano, para determinar su procedencia, según propuso este jueves.
La posición fue planteada por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien explicó que se debe revisar de dónde ha surgido la fortuna que han acumulado los transportistas.
En ese sentido dijo que lo oportuno es que la Dirección General de Impuestos Internos haga una investigación pormenorizada de esas asociaciones, para determinar incluso quiénes son los dueños reales de estos negocios.
Servio Tulio Castaños Guzmán, coincidió con el juez Alejandro Vargas, en el sentido de que el Estado es culpable de muchas situaciones que han protagonizado esas entidades del transporte.
El ejecutivo de Finjus reprochó al Estado y lo corresponsabilizó por el caso de Blas Peralta y dijo que "el principal responsable del desorden que no solamente se vive a lo interno de esos sectores, sino del tránsito en la República Dominicana, es el Estado.
Estas afirmaciones fueron expresadas por el jurista a su salida de la mesa redonda sobre seguridad y justicia que se realizó en el hotel Jaragua, para abordar el tema del Sistema de Integridad Institucional en el Sector Justicia.