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El Juez del Tribunal de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este jueves la audiencia al joven Ángel Ciprián Rodríguez Acevedo, quien lanzó la pasada semana dos artefactos explosivos contra la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en Gazcue.
El magistrado Alejandro Vargas tomo la decisión para que la defensora pública, Aleyca Aponte, pueda conocer el expediente y buscar los arraigos para realizar su defensa.
El imputado pidió a los periodistas una entrevista "larga" que los agentes impidieron. Durante la audiencia Vargas se vio obligado a asignarle una defensora pública al imputado ya que su abogado no se presento.
El juez aconsejó a Ciprián Rodríguez aceptar la defensa que por ley le corresponde, pero María Teresa Acevedo, denunció que a su hijo le estaban violando sus derechos.
La defensora pública planteó que el imputado se niega a recibir sus servicios por lo que solicitó el aplazamiento de la audiencia para requerir un estudio siquiátrico de Rodríguez Acevedo.
El Ministerio Público dijo que en la petición de examen siquiátrico no se ha fijado fecha para hacer dicho diagnóstico. Calificó como retranca la reiterada petición del imputado de "yo quiero mi abogado", lo que descarta cualquier problema mental.
Esa conducta la muestra para evadir la decisión del juez dijo el MP por lo que pidió se dejara desierta la medida de coerción y que se rechace la solicitud de la defensora pública.
El juez Alejandro Vargas dijo que una evaluación cuesta unos 80 mil pesos que la madre no está en condiciones de pagar , y equivale unos seis meses al MP evaluarlo.
"No se puede complacer al imputado", planteó el Ministerio Público al juez y pidió se abocara a conocer la medida. Ante esa medida la defensora pública presentó un recurso de oposición.
"Esta defensora no está en condiciones para presentar una defensa técnica ni material ni jurídica para hacer un ejercicio material".
El Tribunal de Atención Permanente conocerá la media el 31 de marzo a las 10 de la mañana. El juez insistió en que el imputado no necesita examen siquiátrico.
