El ex ministro de Defensa de Guatemala, Ulises Noé Anzueto, quien ejerció el cargo en el mandato del presidente Otto Pérez Molina, se entregó a la justicia por su implicación en una presunta trama de corrupción liderada por el ex mandatario.

Sobre él pesaba una orden de captura y su abogado ya había manifestado que se entregaría a las autoridades, lo que ha ocurrido finalmente a última hora de la tarde de este sábado, según confirmó el Ministerio Público (MP-Fiscalía).

Su detención se practicó en el marco de una supuesta estructura delictiva desvelada por el Ministerio Público, a través de la cual el ex binomio presidencial compuesto por Otto Pérez Molina y Roxana Badeltti, ya en la cárcel por otro caso de corrupción, recibieron lujosos regalos sufragados por sus ministros a través de comisiones ilegales.

Entre 2012 y 2014, Pérez Molina percibió como obsequios por su cumpleaños una lancha, una casa en la playa y un helicóptero valorados en 4,3 millones de dólares; mientras a Baldetti se le agasajó con una vivienda en Roatán (Honduras) por valor de 500.000 dólares.

Por estos hechos, fueron detenidos  los ex ministros de Defensa y Gobernación durante el mandato de Otto Pérez Molina en Guatemala (2012-2015) Manuel López Ambrosio y Mauricio López Bonilla, al tiempo que se emitieron dos órdenes de captura internacional contra los ex responsables de Comunicaciones y Energía y Minas, Alejandro Sinibaldi y Érik Archila.

A todos ellos, incluido el ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios de la Cruz, se les imputan los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, cargos que también se añadirán a las acusaciones contra Pérez Molina y Baldetti.

Al ex responsable de Gobernación López Bonilla se le añaden también los cargos de cohecho pasivo y fraude por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un contrato de seguridad del Registro Nacional de Personas (Renap).

Estas detenciones se suman a la del ex ministro de Cultura y Deportes, Dwight Pezzarossi, quien fue arrestado la pasada semana por su participación en esta trama de cooptación del Estado liderada presuntamente por Pérez Molina y Baldetti.

Ambos se sirvieron de esta trama delictiva para financiar su campaña política y llegar al poder, y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala, según la investigación.

La red criminal, en la que están involucradas grandes empresas, incluidos medios de comunicación y constructoras, financió de manera ilegal al Partido Patriota liderado por Pérez Molina para su llegada al poder en el 2012, según la acusación.

Una vez asumido el cargo, el ex binomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares), de acuerdo con la investigación.