Inversionistas se querellan contra Cap Cana por alegada estafa y lavado de activos.

Un grupo de Inversionistas se querelló este martes en contra del grupo Cap Cana y el empresario Ricardo Hazoury, por una supuesta estafa al Estado, corrupción privada y lavado de activos.

Los inversionistas, representados por el abogado Miguel Valerio, denunciaron el caso ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Argumentan, en su denuncia, incumplimiento de contrato en el proyecto turístico Racquet Village.

Los adquirientes, la mayoría inversionistas extranjeros, alegan haber sido estafados por la venta inmobiliaria y de mantener al proyecto Racquet Village abandonado en su proyección, luego de haber recibido el pago de millones de dólares por la venta de lotes.

A la vez, acusan a Cap Cana y a Hazoury “de haber cometido un acto de corrupción privada, en perjuicio de los adquirientes y de paso perjudicar al Estado y haber incurrido en lavado de activos”.

Según Valerio, tanto Hazoury como los representantes de la sociedad Cap Cana S.A., cometieron presunta corrupción privada por estafa millonaria al Estado dominicano y a inversionistas nacionales y extranjeros; se beneficiaron irregularmente de incentivos y exenciones fiscales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas turísticas y no ejecutaron las obras, afectando gravemente el clima de inversión extranjera de la República Dominicana.

Explica que los contratos suscritos entre los querellantes y el grupo suponían no sólo la entrega de las infraestructuras en el tiempo pautado de 24 meses a partir de la firma del contrato, sino también que los adquirientes se beneficiarían de los beneficios fiscales derivados de la aplicación de la Ley 158-01 que fomenta el turismo.

Cap Cana, sus propietarios, ejecutivos y empresas asociadas, “constituyeron un entramado de corrupción privada; ya que no solo se verifica, por el hecho de no cumplir la obligación pautada, sino que se materializara un desvío de los fondos obtenidos de los inversionistas/adquirentes hacia actividades no determinadas ni vinculadas a la concreción del objeto de los contratos”, subrayó Miguel Valerio.