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  • Por: djtv28
  • miércoles 17 agosto, 2016

Exsecretario Fuerzas Armadas dice que deja a los tribunales definir su inocencia en caso Tucano

República Dominicana.-El exsecretario de la Fuerzas Armadas, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, pidió evitar las amenazas transnacionales en el caso de la compra de ocho aviones Super Tucano, a la empresa Embraer de Brasil.

“Yo lo único que pido es que esto sea de bienestar para el país y que se eviten las presiones transnacionales”, dijo Peña Antonio cuando era trasladado este miércoles al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se le conocerá una solicitud de medida de coerción.

También respondió que “Si yo soy inocente, eso deberá ser definido por los tribunales”.

El ex ministro de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, fue trasladado, bajo estrictas medidas de seguridad, desde la cárcel preventiva  hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentra recluido junto a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, padre e hijo, respectivamente.

Mientras que el coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Ramón Piccini Núñez fue trasladado desde la sede de esa institución, donde se encuentra recluido.

Recesan Medida

El magistrado Honorio Antonio Susaña tomó la decisión de recesar la audiencia, a los fines de que los abogados del imputado coronel piloto Carlos Piccini Núñez tomen conocimiento del expediente y preparen su medio de defensa.

Al inicio de la audiencia, Piccini Núñez le comunicó al juez que había contratado los servicios de los abogados Elvin Feliz y Carlos Nova, por lo que desistía de los servicios del defensor público Rodolfo Valentín.

En la audiencia, el general Pedro Rafael Peña Antonio fue asistido por los abogados Ramón Piña Acevedo, Cándido Simón Polanco y Francisco Javier Benzán.

Mientras que los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, padre e hijo, son asistidos por el abogado Juan Antonio –Tony-  Delgado.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pide prisión preventiva como medida de coerción.

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