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La Asociación de Comerciantes Importadores del Cibao (ASICI) dio su apoyo al amparo presentado por 90 empresas y asociaciones dominicanas ante el Tribunal Superior Administrativo con el fin de que dejen de vulnerarse los Derechos fundamentales a la libertad de empresa, contratación, libre competencia y libertad de tránsito.
El presidente de la asociación, Jairo Zapata, entiende que estos derechos han sido vulnerados por los órganos estatales debido a su omisión frente a los supuestos abusos y violaciones de derechos fundamentales cometidos por sindicatos de transporte de pasajeros y de carga.
La asociación empresarial considera que es imposible que el país se convierta en polo de inversiones con un sistema de transporte anacrónico, caro e informal, que no obedece las reglas de libre mercado y libre competencia y que no asume su responsabilidad frente a la sociedad.
La acción de amparo de cumplimiento que cuenta con el respaldo de la ASICI se dirige en contra del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y el Ministerio de Turismo, todos órganos de la Administración Pública, debido al incumplimiento que durante años han manifestado en relación a las Leyes Nos. 578-64, 290-66 y 84, así como los Decretos Nos. 104-91 y 489-87, que respectivamente les obligan a ejecutar medidas contundentes para la eliminación de toda clase de prácticas anticompetitivas en materia de transporte de carga y de transporte terrestre de pasajeros.
En ese sentido, los comerciantes importadores del Cibao entienden que el derecho fundamental a la libertad de empresa conlleva la libertad de ejercicio de la actividad empresarial, la libertad de tomar decisiones y competir en un mercado libre, libertad que actualmente las empresas no tienen cuando se trata de transporte terrestre de carga, pues se ven forzadas a contratar el transporte con FENATRADO y sus sindicatos afiliados para evitar la comisión de hechos violentos en su contra y en contra de sus empleados, aun cuando cuenten con una flota de transporte propia o cuando podrían valerse de los servicios de particulares ajenos a dicha federación.
