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La Justicia argentina intervino este jueves la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y de la que la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) es accionista, dentro de una causa sobre supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo.
El magistrado Claudio Bonadio emitió un auto, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), en el que ordena intervenir la firma Los Sauces y en el que también aparta al primogénito de los Kirchner, Máximo, de la administración de la herencia familiar.
Bonadio designó "interventores informantes" para, entre otras empresas, Grupo Indalo e Indalo Media, de Cristóbal López, y Grupo Baez, de Lázaro Báez -ya detenido por una causa sobre su vinculación en una trama de lavado de dinero-, ambos contratistas de la obra pública de la sureña provincia de Santa Cruz, donde el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) fue gobernador.
La decisión, con vigencia de seis meses, tiene el objetivo de estudiar "toda transferencia o pago efectuado o recibido" desde esas empresas a Los Sauces, a sus socios (Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner) "que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entres las mencionadas".
Según el fallo, durante la investigación "se advirtieron gran cantidad de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner -dueña de Los Sauces- y empresas del grupo de Lázaro Báez, de Indalo propiedad de Cristóbal López y Fabián De Souza y del grupo de Osvaldo Sanfelice –ex socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios-".
Para el juez, es "palmario el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades donde nos podríamos encontrar con actos de lavado de activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales".
La causa Los Sauces surgió tras una denuncia presentada el pasado abril por la diputada socialista Margarita Stolbizer contra la ex presidenta y sus hijos por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con negocios irregulares con empresarios de la construcción.
Stolbizer considera que Fernández pudo utilizar la empresa para recibir transferencias millonarias de Báez y López, mediante arrendamientos de propiedades.
En noviembre, Bonadio ordenó tasar todas las propiedades de la sociedad y el domicilio de Fernández en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, con el objetivo de conocer "fehacientemente" el valor real de todos los inmuebles.
