República Dominicana-A propósito de celebrarse hoy el Día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó que a pesar de la celebración de una Cumbre Judicial Nacional, en octubre pasado, que buscaba el fortalecimiento de ese poder del Estado, “las debilidades, incoherencias e ineficiencias” del sistema de justicia nacional permanezcan en constante crecimiento.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, señaló que esa realidad queda confirmada con los numerosos diagnósticos realizados el pasado año y que fue reflejada de manera en las conclusiones de la citada Cumbre y en los resultados de los estudios de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.
Indicó además que esa situación es provocada por un sistema político que desprecia y castiga a la justicia independiente, que no tiene interés en que ningún órgano público investigue y juzgue las constantes violaciones a las leyes y a la Constitución en aéreas vitales como la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
Citó en adición, como obstáculos para una justicia fuerte, el tráfico de influencia, el uso de mecanismos ilegales para favorecer firmas de contratos “leoninos”, la inacción de investigaciones oficiales cuando compromete la responsabilidad penal y civil de funcionarios o individuos ligados a partidos políticos.
“Ese es el telón de fondo del incumplimiento de la Ley de Autonomía Financiera y Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público y las constantes denuncias de jueces sobre la precarias condiciones en las que opera el servicio de justicia”, refiere Castaños Guzmán en un comunicado de prensa.
Finjus reiteró que la tarea inmediata del poder judicial y el sistema de justicia en su conjunto es ponerse a la altura de las demandas de la sociedad y responder a los reclamos de que sea levantado el manto de impunidad que arropa la corrupción y la delincuencia en el país.
Dijo que la sociedad sabe que detrás de cada crimen, asalto, banda de delincuentes o mafia que sustrae los recursos que deben ser destinados para salud, educación y bienestar, está presente la falta de acción de un órgano del Estado que resiste aplicar la ley.
Manifestó que si la justicia encubre a los delincuentes, acepta sobornos o delega sus funciones en negocios particulares el país no podrá avanzar.