El decreto 6-17 mediante el cual el Poder Ejecutivo designa una comisión para investigar el proceso de licitación para la construcción de las plantas a Carbón en Punta Catalina y su vínculo con los sobornos pagados por Odebrech en el país a cambio de contrataciones de obras, ha sido bien valorado por la sociedad civil.
En ese sentido, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción y la Fundación Justicia y Transparencia, consideran que la formación de dicha comisión ha sido una respuesta a lo que espera la sociedad sobre este y otros casos de corrupción.
Trajano Vidal Potentini y Julio César de la Rosa, presidentes de ambas entidades, entienden que con la designación de la comisión, que encabeza monseñor Agripino Núñez Collado el gobierno está colaborando con la investigación que lleva a cabo la Procuradora General de República y no quitándole su rol, como opinan algunos.
Potentini y De la Rosa, quienes definen a los miembros de la comisión como honorables y de intachable moral, consideran que el Ejecutivo designó una comisión especial para el caso específico de Punta Catalina cuando hay otras obras que también construyó Odebrecht, debido a que esta tiene más del 50 por ciento de las inversiones de la constructora brasileña en el país.
Además de Agripino Núñez Collado integran la comisión facultada para contratar a cualquier especialista en el tema que requieran, el reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada; y José Luis Corripio Estrada, empresario.
Asimismo Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales; César Sánchez, ex administrador la CDEE y Jaime Aristy Escuder, economista.
