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República Dominicana.-El proceso de licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina lo habría dirigido el asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rodolfo Cabello, quien además es miembro del Consejo de Administración del Grupo Estrella, una de las beneficiarias del contrato para la ejecución del proyecto, junto a la constructora brasileña Norberto Odebrecht y la empresa italiana Tecnimont.
En junio del 2013, en informaciones ofrecidas a la prensa nacional por la CDEEE, se destaca que el proceso de licitación de las plantas era dirigido por el consultor internacional Rodolfo Cabello y, que tenía el soporte de varias firmas consultoras norteamericanas.
En enero del 2014, antes de que se aprobara el contrato para la construcción de las Plantas a Carbón de Punta Catalina, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, acudió a una entrevista a un medio de comunicación, en compañía, entre otras personas, de su asesor, Rodolfo Cabello.
El asesor, que mantiene en su perfil del Linkedin como cargo actual el de “Asesor vicepresidente ejecutivo at CDEEE”, el que ocupa desde febrero del 2011, es parte del Consejo de Administración del grupo empresarial Estrella, con la posición de vocal.
En una búsqueda en Google aparece todavía el link donde se lee el cargo de vocal de Cabello.
Ley Contrataciones
En su artículo 14, apartado 7, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, indica que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado “las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión”.
Cabello estuvo anteriormente en AES, 2004- 2011, y como director comercial de Itabo, 1999- 2004, conforme a su perfil de la red profesional.
En 2014, en la entrevista que concedió Bichara, se promovió la necesidad del proyecto de las plantas a carbón, y así lo hizo el funcionario en muchas otras actividades en las que participó en compañía de su asesor Cabello.
Antes, en el 2011, cuando Cabello era asesor de Celso Marranzini como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, ya estaba al frente del proceso de licitación, y destacaba que las plantas abaratarían el costo de la energía en el país, según varias publicaciones de medios de prensa para ese entonces.
Rodolfo Cabello fue también uno de los oradores invitados en 2014 por el Consejo Económico y Social, bajo la presidencia de monseñor Núñez Collado, para analizar “Las Principales Problemáticas del Sector Eléctrico”, como parte de la socialización que se encaminó para la firma del Pacto Nacional para la Reforma del sector.
La Comisión
La semana pasada, el Poder Ejecutivo creó, mediante el decreto 6-17, una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón en Punta catalina, Baní, provincia Peravia.
La decisión del Ejecutivo, leída por el consultor jurídico, Flavio Darío Espinal, fue tomada momentos en que se intensificaron los cuestionamientos a las obras construidas por la multinacional brasileña en el país, a cambio de un soborno de 92 millones de dólares, de acuerdo a revelaciones de sus ejecutivos.
La Comisión la preside monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, representante de la iglesia Católica y miembro del Consejo del Grupo Estrella.
Está integrada además por el reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Económico de la Empresa Privada-Conep-; José Luis Corripio Estrada, empresario privado; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista –CASC y, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Asimismo, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresdiente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE-; César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE y el economista Jaime Aristy Escuder.
Los comisionados, que ya se reunieron, deberán suministrar un informe “a la mayor brevedad posible” sobre los resultados de las investigaciones y, “poner a disposición del Ministerio Público, cualquier información relevante que pudiera obtener que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular”.
