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El Colectivo de Grupos Populares que organizaron la marcha contra la corrupción y la impunidad del 22E condenaron la destitución del general Valentín Rosado Vicioso, quien fue cancelado como director de la Policía Preventiva, porque alegadamente cambió la ruta original de la manifestación sin consultarlo a sus superiores.
La Profesora María Teresa Cabrera, integrante del colectivo, destacó el trabajo realizado por los oficiales que custodiaron la marcha, y definió como una aberración la destitución del general Rosado Vicioso.
“Es un error su destitución. El le hizo un favor al Gobierno con su comportamiento”, expresó María Teresa Cabrera al ser entrevistada en el Programa El Poder de la Gente que se difunde de lunes a viernes de cinco de la tarde a siete de la noche por el canal 45 de Teleradio América.
Tras resaltar la contundencia y el carácter cívico de la marcha, la educadora dijo que es una injusticia y una barbaridad que hayan dejado sin funciones al general Rosado Vicioso, y solicitó la intervención en el caso del Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, para que se deje sin efecto la medida.
Agregó que luego del éxito de la marcha, El Colectivo prepara un concierto popular contra la impunidad y la Corrupción para el mes de febrero que es el mes de la Patria.
María Teresa Cabrera volvió a rechazar que los partidos estén detrás del movimiento de protestas, aunque aclara que no se le puede negar su participación, siempre que se sometan a los requisitos de no utilizar simbología y propaganda política en las manifestaciones contra la corrupción.
Cabrera también negó que la marcha del 22E tuviera el financiamiento de sectores opuestos al Gobierno, alegando que si hubiesen recibido apoyo económico habría sido mayor el número de personas que asistió a la actividad.
Confirmó que el Colectivo ya solicitó a la Procuraduría los detalles del Acuerdo con Odebrecht, para saber qué compromiso asume cada parte dentro del convenio.
Considera que una comisión especial debe investigar la supuesta sobrevaluación de las obras construidas por Odebrecht en República Dominicana, e identificar a todos los implicados en los sobornos, incluyendo empresarios, funcionarios y políticos.
