Economista plantea delimitar el uso que dan los servidores públicos a los recursos del Estado.

El licenciado Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), indicó que las finanzas públicas deben ser razonables, equilibradas y sostenibles, manejadas en base a mandatos claros de transparencia y rendición de cuentas que delimiten el uso que los servidores públicos pueden darle a los recursos bajo su administración, y hacerse responsable por ello.

Di Franco hizo el señalamiento en El Centro Bonó, en el marco del análisis de coyuntura que el Centro realiza el primer sábado de cada mes, y donde analizó la pertinencia de una ley de responsabilidad fiscal que garantice reglas fiscales claras, transparentes y equitativas, que obliguen al gobierno a manejar de forma más eficiente y sin opacidad los ingresos, el gasto y el endeudamiento público.

Durante el encuentro, Roque Féliz, vocero del Centro Bonó, exigió que las autoridades pongan en marcha reglas macro-fiscales que mejoren la calidad, transparencia y desempeño de la administración financiera del Estado y que sancione de manera ejemplar y justa los actos de corrupción política y administrativa.

Roque Féliz señaló, que en la presente coyuntura que vive el país, marcada por las denuncias de soborno de Odebrecht y por la falta de claridad y transparencia en la inversión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, la población ha perdido la confianza en los responsables de la administración de las finanzas públicas, y para recuperar su dignidad ciudadana exige una persecución efectiva al Ministerio Público y una sanción ejemplar y justa a los Tribunales de Justicia.

“En este contexto, hablar de responsabilidad fiscal nos obliga, no solo a exigir reglas fiscales claras para concertar topes en déficit fiscal, o metas en el incremento del gasto corriente y en el nivel de endeudamiento público, sino que además debemos convenir compromisos firmes para sancionar la corrupción, invertir el fardo de la prueba en los casos de enriquecimiento ilícito y del lavado de activos, y hacer más eficiente y sostenida la reformas institucionales que el país necesita para mejorar la coherencia entre los planes plurianuales, las metas de desarrollo inclusivo, y la programación y ejecución del presupuesto nacional”  indicó el vocero del Bonó.

En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales, y de los movimientos cívicos que luchan por la transparencia y por el fin de la corrupción y la impunidad.