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Miércoles, 10 de Agosto, 2022

Justicia y Transparencia afirma es inconstitucional establecer obligatoriedad del voto como pide el PRM

República Dominicana-El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, afirmó este viernes que sería inconstitucional el establecer por ley la obligatoriedad del voto, como ha pedido el Partido Revolucionario Moderno.

Potentini explicó que el voto representa el ejercicio de un derecho y deber fundamental, “que bajo ningún concepto o pretexto en los términos del artículo 208 de la Constitución puede ser obligado ni coaccionado”.

A través de un comunicado el presidente de FJT citó el Artículo 208 de la Constitución que establece el Ejercicio del sufragio: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.

 “En suma se trata de un deber cívico y de un derecho incuestionable, con reconocimiento jurisprudencial y categoría de derecho fundamental en el ordenamiento jurídico nacional, el cual incluso se proyecta en esa capacidad y libertad de decidir, con la manifestación indistinta, de votar por algún candidato, votando en blanco o simplemente absteniéndose de participar del proceso eleccionario, todo ello como la más fiel expresión de la democracia” agrega el abogado.

De acuerdo a Potentini, no hay dudas de que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, previsto en el artículo 7 de la Carta Magna, el principio democrático tiene un carácter instrumental, sobre el resto del ordenamiento, expresado en el sufragio universal como vocación libérrima de la democracia.

La fundación lamentó que la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de establecer el voto obligatorio sea el resultado de tratar de corregir vicios propios del sistema político dominicano, como lo sería la compra de cedulas y de conciencia, soluciones que bien podrían plantearse con el voto electrónico u otras reformas de control y vigilancia de los procesos, además de un férreo sistema de consecuencias.

 

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