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Michoacán, México. Un cuerpo calcinado encontrado en el occidente de México fue identificado como el del periodista Salvador Adame, quien había sido secuestrado en mayo, informaron las autoridades este lunes.
Adame era el director del canal de televisión local 6TV. Es el séptimo periodista asesinado en lo que va del año en México.
Un grupo de hombres armados secuestró al periodista el 18 de mayo y lo forzó a entrar a un vehículo en la ciudad de Nueva Italia, en el estado de Michoacán, zona que ha sido azotada por la violencia.
El procurador general de justicia del estado de Michoacán, José Martín Godoy, dijo que los restos fueron encontrados a mediados de junio en un área rural. Indicó el lunes que análisis de ADN realizados posteriormente confirmaron que el cuerpo pertenecía a Adame.
Godoy informó que un sospechoso de haber secuestrado al periodista dijo que Adame fue asesinado por órdenes de un jefe criminal de la zona, supuestamente por “problemas personales”.
El procurador explicó que Adame aparentemente recibió mensajes de texto en su teléfono con insultos del líder criminal local, a quien identificaron como “El Chano” Peña.
Los procuradores mexicanos han sido fuertemente criticados por atribuir que las causas de los asesinatos a periodistas son por problemas personales o por cuestiones no relacionadas a su trabajo.
El secuestro de Adame sucedió al poco tiempo de que el periodista mexicano Javier Valdez fuera asesinado en Culiacán, en el estado de Sinaloa.
El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, expresó que alrededor de 40 periodistas han sido asesinados en México por su trabajo desde 1992. Otros 50 periodistas fueron asesinados en el mismo periodo pero por circunstancias que no se han podido aclarar.
El lunes, los procuradores federales de México dijeron que iban a pedir ayuda al FBI y a otros grupos internacionales para investigar los reportes de que se ha utilizado un software para espiar a periodistas y a defensores de derechos humanos.
El Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto informó hace unas semanas que el programa Pegasus producido por la empresa israelí NSO Group fue utilizado para tener acceso a los teléfonos de las personas que estuvieran investigando al gobierno.
El reporte indicó que no había evidencias definitivas de que el gobierno mexicano estuviera involucrado, pero puntualizó que el producto sólo se vende a gobiernos y destacó que los personajes espiados realizaban investigaciones sobre el gobierno o eran críticos de éste.
El fiscal especial Ricardo Sánchez dijo que las compañías que venden ese software, el gobierno y agencias gubernamentales podrían ser llamadas a declarar.
Sánchez también pidió a las víctimas del espionaje que entreguen sus teléfonos a investigadores, pero no está claro si alguna lo hará, dadas las sospechas de que el gobierno mismo está detrás del espionaje.
