Santo Domingo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó este miércoles su preocupación por la propuesta del establecimiento de nuevas medidas impositivas al sector de las telecomunicaciones, aprobado recientemente por el Senado de la República, mediante el proyecto de ley para el financiamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (SINAES) o 9-1-1.
Consideró que el 9-1-1 es un valioso servicio para la sociedad, sin embargo, su sostenibilidad no debe descansar en el establecimiento de un impuesto adicional a un sector que, a pesar de ofrecer un servicio público esencial para el desarrollo de la sociedad, ya está altamente gravado con un 30% distribuido entre el ITBIS, Impuesto Selectivo al Consumidor y la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT).
“Más bien el establecimiento de nuevos impuestos debe ser parte de una discusión integral más amplia sobre el régimen fiscal”, entiende la organización empresarial.
El CONEP afirmó que es inevitable que estos incrementos sean traspasados a los principales consumidores de llamadas hacia el país, es decir, los dominicanos ausentes y luego a los clientes locales, por un efecto en cadena.
En la actualidad, las empresas del sector aportan de manera continua al funcionamiento de este importante sistema, pues la vía de acceso a los servicios del 9-1-1 es precisamente a través de llamadas gratuitas, cuyo costo diario es absorbido en su totalidad por las telefónicas.
El gremio manifestó que otra preocupación importante la constituye la sostenibilidad de los recursos que pretenden ser captados mediante este impuesto, ya que existe una tendencia de disminución natural año tras año de las llamadas internacionales que se propone gravar, debido al uso de otros métodos de comunicación alterna. Si a eso se le añade un posible aumento de precios, esta disminución se aceleraría y será ineludible que en unos años estos recursos resulten insuficientes a los fines perseguidos.
Asimismo, expresa la necesidad de que se revisen las disposiciones que podrían afectar la protección de datos personales, para evitar que puedan exponer los mismos en detrimento de las garantías ofrecidas por la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
El CONEP resaltó que, “la medida tendrá inevitablemente un impacto negativo en todos los que forman parte del sistema, incluyendo a las empresas, al sector y al país, por lo que invita a que se analice este proyecto y reiteró que está dispuesto a acompañar al gobierno en la sostenibilidad y desarrollo del Sistema 9-1-1”.