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La junta distrital de Santa Lucía, en El Seibo, fue allanada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones por el decomiso de 1,104 kilos de cocaína por el cual hay cinco personas en prisión.
Durante el allanamiento se incautó el libro de registro de hipotecas de la junta distrital y fue investigado e interrogado el encargado de registro de títulos y contable, Miguel Guerrero.
La orden de allanamiento fue expedida por la juez interina de la instrucción del Departamento Judicial de El Seibo, Haissel Odaliza Uribe, a solicitud del Ministerio Público y la experticia judicial estuvo dirigida por la fiscal Kenia Romero, que se presentó en compañía de agentes policiales y una secretaria de la fiscalía de El Seibo.
Durante la requisa, hubo resistencia para entregar el libro de registro de hipotecas debido a que Darío Alfredo Cedeño, director del distrito municipal de Santa Lucía, habría ordenado que no entregaran el libro, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la orden ante el juzgado de la instrucción.
Los hechos ocurren en momentos en que la fiscalía realiza una investigación para determinar el real propietario de una finca ubicada en Cibahuete de El Seibo, donde fueron ocupados los 1,104 kilos de cocaína.
Con relación al alijo de la droga están presos el colombiano Jaime Alberto Barrinca Sánchez, el venezolano Mario Hernández y los dominicanos Sergio Ramírez Colomé, Cristóbal Mota y Marcelino Reinoso Ciprián, los dos últimos nativos de Miches.
El decomiso se hizo en la finca de Ramón Puente Mejía, quien no estaba en el lugar y habría huido a Puerto Rico.
Según investigaciones, el primero se desplazaba en una camioneta Ford roja, donde fueron hallados unos 105 paquetes, mientras que en la casa de la citada finca se ocuparon 23 fardos conteniendo 30 paquetes, cada uno. En un almacén, construido dentro de la casa, había unos cinco tanques o barricas de 55 galones con 600 paquetes.
La DNCD y la Fiscalía de El Seibo buscan a varias personas más que se presumen son cabezas de una banda de narcotráfico que opera en el Este.
Las investigaciones son realizadas por el Departamento de Lavados de Activos de la Procuraduría General de la República.
