República Dominicana-La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y el Régimen Electoral se encuentra en un “tranque” con varios de los puntos “espinosos”, de la primera de estas normativas, en los que las cúpulas partidarias no han logrado dejar de lado sus diferencias para ponerse de acuerdo.
Por tal razón, el presidente de la comisión, el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, informó que volverán reunirse con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, el jueves de la semana próxima para abordar el tema del tope de gastos en la campaña electoral de los candidatos.
El legislador explicó que el proyecto no contiene propuesta alguna sobre cuánto dinero podría gastar un candidato que opte por un cargo en los niveles presidencial, congresual o municipal.
Victoria Yeb reconoció que el gasto de campaña es un “tema conflictivo” por lo que agotarán todos los mecanismos necesarios para mantener el diálogo y lograr el consenso.
“Si es necesario una cumbre del liderazgo nacional nosotros la vamos a proponer”, aseguró el presidente de la comisión, al término de la reunión del grupo que se prolongó por casi cuatro horas en el salón Juan Pablo Duarte del edificio del Senado.
El legislador afirmó que la comisión está “haciendo ajustes” en los temas que no han podido ponerse de acuerdo para ser aprobados por la comisión como el de la representación femenina, el financiamiento de las campañas, los padrones de electores y la realización de elecciones simultáneas o individuales.
Expuso que en la sesión de trabajo de ayer se decidió que el tiempo de campaña sea de nueve meses, de manera que la precampaña se inicie el tercer domingo de agosto hasta el tercer domingo de noviembre. Así en diciembre se proclamarían los candidatos e iniciaría el período de propaganda política.
Además se acordó que para el reconocimiento de los partidos estos deberán tener un número de firmas equivalente al 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, sin que necesariamente estén registrados en dichas organizaciones.