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El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, para conocer de todas las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
También designó como enlace en representación del Poder Judicial de la República Dominicana a la magistrada Kenya Scarlett Romero, Juez titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para todo lo referente en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), puntualmente ante el grupo de Latinoamérica GAFILAT.
La medida del órgano de gobierno del Poder Judicial fue dada en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
La decisión está contenida en la Resolución núm. 24/2017 del CPJ, para la ejecución de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El CPJ ordena que la disposición sea comunicada a todos los Juzgados de la Instrucción, Tribunales y Cortes de Apelación Penales, al Procurador General de la República, a la Dirección General de la Carrera Judicial, al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a la Unidad de Análisis Financiero y al Comité Nacional Antiterrorista.
Argumentó que el artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a los jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.
También que los magistrados José Alejandro Vargas y Kenya Scarlett Romero poseen las experticias en el tema Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
El CPJ considera que República Dominicana está comprometida con la preservación de la seguridad nacional y la necesidad de luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Asimismo, afirma que la nación es compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.
Plantea también que la Convención Interamericana contra el Terrorismo tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.
De igual modo, que la lucha antiterrorista debe concebirse con un alto grado de eficacia y discreción, para que afecte lo menos posible el desenvolvimiento del comercio, la empresa y el turismo, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El Poder Judicial considera que el terrorismo y su financiación constituyen un flagelo delictivo de última generación que corroe la sociedad, constituye un desafío a la estabilidad internacional, donde se advierte un panorama de alta peligrosidad, por lo que mantener un escenario de colaboración a los órganos que combaten esos males, es tarea de primer orden, que constituye un compromiso razonable.
