Director de Casa Abierta denuncia que no reciben recursos de la Ley de Lavado de Activos

República Dominicana.-El director de Casa Abierta, Juan Rhadamés de la Rosa Hidalgo,  denunció hoy que son escasos los recursos destinados por el Estado,  para las instituciones que trabajan en el tema de las drogas.

“Lo más grave es el pobre,  o ningún aporte,  a las organizaciones sociales, que son las únicas que asumen de forma solidaria el trabajo directo con la población afectada por los consumos problemáticos de drogas”, apuntó

Sin embargo, expresó que esto no excluye a las entidades estatales como el Consejo Nacional de Drogas, y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Para unas 15  organizaciones reconocidas por el Consejo Nacional de Drogas, el artículo 33 de la ley sobre lavado de activos,   se convirtió en un modesto apoyo que de forma esporádica aliviaba las serias limitaciones con las que operan día a día  estas organizaciones. Este artículo se mantiene vigente en la recién  promulgada Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

No obstante, expresó que desde agosto del pasado año 2016, es decir, a la fecha  un año y dos meses, los recursos por esta vía ya no se entregan más. No ha habido forma de saber de dónde partió la “orden superior”, de paralizar el cumplimiento de este artículo de la ley.

“Sabemos que el Consejo Nacional de Drogas, y la Dirección Nacional de Control de Drogas también esperan por estos recursos. Pero son las  entidades sociales, que apenas reciben el 15% para su distribución porcentual entre todas,   las que más se afectan con esta insensible e ilegal  decisión son las familias y las personas que necesitan atenciones las que sufren esta nueva muestra de desprecio, desde el Estado”, alega de la Rosa Hidalgo.

Indicó que en el  país mucho se ha dicho acerca de la proliferación de leyes y del engaño que significa que las propias autoridades se sitúen por encima de ellas. Sostuvo que no se puede seguir diciendo que hay voluntad política de trabajar contra las drogas, mientras  se decide violar la ley que aunque  mínimamente,  favorece a las instituciones sociales y estatales que trabajan en ello.

Añadió que esa decisión, no se sabe de quién,  ahoga a estas instituciones  más de lo que ya están al negarle los recursos que por ley les corresponde.  Pero parece que eso poco  importa. Cuando el incumplimiento de una ley viene de las propias autoridades, nos preguntamos: ¿ante   quién debemos reclamar?

El director ejecutivo de Casa Abierta demandó el cese de esta violación a la  ley que perjudica la estrategia dominicana contra las drogas, pero muy especialmente a las familias y personas que no cuentan con recursos para costear su tratamiento.

En ese sentido, solicitó el apoyo de las personas que hacen opinión pública y a los  medios de comunicación en general, para que nuestro reclamo se escuche más alto.

Añadió que esto llegue  a personas que desde el poder parece  que han olvidado su deber en el cumplimiento de la ley, y su responsabilidad con  los programas preventivos para la  reducción de la demanda de drogas, así como frente  a las personas que necesitan apoyo para su recuperación.