República Dominicana-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aclaró que de llevarse a la justicia el contrato con la empresa Indra Sistema, que vendió a la pasada gestión del organismo los escáneres del escrutinio de los votos en las elecciones del 2016, el caso debe ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, porque así lo establece el documento firmado con esa compañía en diciembre del 2015.
El presidente de la JCE dijo que en caso de diferencias el contrato establece que se dirimirá el conflicto en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
“Aquí no va a intervenir ningún arbitraje, eso es bueno que esté claro, aquí no hay arbitraje a la vista, los arbitrajes siempre son las consecuencias de una cláusula arbitral en el contrato que no existe y de la voluntad de las partes que tampoco existe, lo que sí está claro que el contrato firmado el 05 de diciembre del año del 2015 habla claramente que la jurisdicción que eligieren las partes es aquí en la República Dominicana”, señaló Castaños Guzmán.
“No le tenemos miedo a nadie, la JCE es ingobernable”, dijo Castaños Guzmán en una rueda de prensa en su despacho este mediodía.
Castaños Guzmán dijo que esa entidad no tiene los 14 millones de dólares que reclama la empresa Indra Sistemas, como completivo de la compra de los equipos tecnológicos para las elecciones de 2016.
El presidente del órgano electoral hace la aclaración debido a que la JCE recibió un “un requerimiento de pago que le llegó el 2 de noviembre por casi 14 millones de dólares”, recursos que asegura no posee ese organismo.
El presidente del órgano electoral dijo a demás que solo espera el informe de la auditoría que realiza la Cámara de Cuentas, el cual no tiene fecha de concluir, para decidir qué hacer respecto al contrato para adquirir los equipos informáticos utilizados en las elecciones del 2016.
Afirmó que agotarán todas las vías amigables que corresponde a una buena y adecuada conversación entre personas civilizadas, respetando los derechos del contratante, pero defendiendo los de la Junta Central Electoral.
“Nosotros queremos que quede bien claro que como el artículo del Código Civil que tiene que ver con la prescripción de la responsabilidad contractual dispone que son dos años, lo cierto que la Junta hará y hace por intermedio mío las formales reservas correspondientes a que ese plazo de prescripción legal que tapa la responsabilidad contractual queda formalmente interrumpido tanto con las palabras que está diciendo el presidente de esta institución así como se formalice a través de las vías correspondientes”, sostuvo.
La Junta Central Electoral pagó casi 40 millones de dólares por los equipos comprados a la empresa Indra Sistema.