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  • Por: La Redacción
  • martes 26 diciembre, 2017

JCE está en disposición de revisar resolución que otorga apellidos a niños abandonados.

Julio César Castaños Guzmán dice que acepta todas las sugerencias para resolver esa tragedia y por si la medida requiere algún ajuste.

SANTO DOMINGO, RD.-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, defendió la resolución que emitió el pasado mes de mayo ese organismo y que dispone asignar, de manera administrativa, apellidos a niños, niñas y adolescentes que se determine la filiación de padres desconocidos y que son declarados en estado de abandono por los tribunales del país.

Castaños Guzmán expone que “nunca ha sido su intención violar la ley” y que la Resolución No.03-2017, dictada por el Pleno, se ha fundado en “El Principio del Interés Superior del Niño”, y en los textos de tratados internacionales vigentes, “que justifican una interpretación más benigna de los textos legales a favor de infantes” que en situación de vulnerabilidad extrema no tienen posibilidad, por el constatado abandono, de procurarse una identidad.

Informó, además, que a la fecha “todavía no se ha aplicado plenamente a ningún caso concreto” la disposición de la citada resolución.

“Sin apellidos nunca tendrán cédula, por lo tanto no tienen oportunidad de casarse, trabajar, beneficiarse de la Seguridad Social, estudiar, etc., en una palabra están excluidos de la condición de ser una persona; es cierto sí, que estos casos podrían ser resueltos eventualmente por los tribunales a través de una adopción o porque una persona les autorice a usar su apellido; pero, no menos cierto es que, ya declarados en abandono, eso no siempre ocurre”, explicó Castaños Guzmán.

Indicó que al momento de formularse la Resolución No.03-2017 se había realizado un trabajo de campo en el que tenían “261 casos de niños y niñas, así como de jóvenes adolescentes abandonados que ya habían salido de los orfanatos, y sus actas de nacimiento sólo hacían fe de su nombre de pila sin padres conocidos y sin apellidos, lo que hace imposible en esas circunstancias la expedición de una cédula de identidad”.

No obstante, aseguró que la JCE “está dispuesta a examinar sus actos y aceptar todas las sugerencias para resolver esta tragedia”, por si la medida requiere algún ajuste y deba hacerse lo que “sea correcto conforme a la Constitución y las leyes vigentes”.

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