Santo Domingo, RD.-La directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba, manifestó su satisfacción por la rápida y eficiente acción de las autoridades del Ministerio Público, ante una denuncia formal presentada el pasado año.
Iris Guaba informó que desde que llegó a dirigir el Plan Social, diferentes personas por diversas vías, le informaron de algunas irregularidades que se presentaban en la institución, específicamente con el destino de las porciones de alimentos secos que están destinadas a los hogares de familias de escasos recursos.
"En ese sentido, luego de sobrepasar las crisis que generaron las torrenciales lluvias de finales del año 2016, nos embarcamos en estrategias de seguimiento y supervisión con el equipo de militares que conforman la seguridad del Plan Social, y finalmente en agosto del pasado año, pudimos detectar algunas acciones que nos confirmaban los hechos investigados, por lo que procedimos de inmediato a notificarlo a las autoridades del Ministerio Público, quienes tomaron el seguimiento y control de la investigación", indica el comunicado.
Iris Guaba afirma que su deber es y será siempre "actuar con responsabilidad, para hacer valer la transparencia, la credibilidad y buen funcionamiento del Plan Social, cuya misión es brindar asistencia a las clases más desposeídas.
“En ese sentido hemos tomado múltiples medidas de control y supervisión en todas las áreas y haremos frente de igual forma, a cualquier otra irregularidad sin importar jerarquías. Cada mínimo centavo que ingresa al Plan Social tiene como destino a los adultos mayores vulnerables, a personas con discapacidad y a los hogares más empobrecidos de nuestro país y nos encargaremos siempre de que así sea", expresó.
La Directora del Plan Social informó además que las informaciones del proceso en curso y de otros casos que están bajo investigación, son competencia de las autoridades del Ministerio Público, quienes son los responsables de cuidar el debido proceso para que el caso pueda llegar a término exitoso en los tribunales, con lo que se fortalece el sistema de régimen de consecuencia, el cual a su juicio en estos casos, debe ir más allá de una simple suspensión o desvinculación de la institución, una vez se obtengan las pruebas del delito.