Santo Domingo.-El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, y el empresario Bernardo Castellanos anunciaron a través de sus abogados que apelarán la decisión del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que otorgó un plazo de cuatro meses para que los fiscales presenten acusación en contra de los 14 implicados en el caso de los sobornos de 92 millones de dólares otorgados por la compañía brasileña Odebrecht.
Carlos Salcedo y Marino Elsevyf informaron que el caso de la solicitud de ampliación del plazo será llevado ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Apelación.
La decisión será apelada por Andrés Bautista y Bernardo Castellanos.
El abogado Carlos Salcedo, quien asiste al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, dijo que espera la notificación de la sentencia para analizarla e iniciar la redacción de su instancia explicando los motivos por qué no está de acuerdo.
Marino Elsevif Pilneda, abogado de Castellanos dijo que apelará la sentencia porque viola la Constitución perjudicando a su defendido. El juez rechazó levantar el embargo a los salarios de Castellanos.
Salcedo dijo que no está de acuerdo con la decisión por lo que es previsible que sea recurrida, “viola derecho constitucionales, y la línea de pensamiento y acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.
“No hay forma alguna de que el plazo para la investigación no sea computable a partir del inicio de la investigación, el juez dice que es a partir de la medida de coerción”, indicó el abogado.
Dijo que el juez tuerce el derecho adjetivo y sustantivo y responde al interés del Ministerio Público con esa decisión.
A su juicio el plazo de la investigación venció el pasado 22 de diciembre, el procurador lo informó al país, precisa que el plazo se computa a partir de la citación que es una medida de coerción, a partir de ese momento es que se inicia, en septiembre del 2017.Dijo que la solicitud de ampliación del plazo debió ser declarada inadmisible.
El ingeniero Cesar Sánchez dijo que no recibió un centavo de Ángel Rondón ni de la compañía brasileña Odebrecht, “ni si quiera una canasta navideña”.
Hablando a través de su abogado Luis Soto sostuvo que es él más interesado en que se llegue a la verdad, que se haga una investigación objetiva como la ley ordena y que el Ministerio Público recolecte pruebas a descargo.
Asimismo, aseguró que tiene un patrimonio claro antes de entrar a la CDEEE que puede justificarlo y que confía en el sistema judicial.
El juez Ortega Polanco, además de ampliar el plazo de la investigación ratificó las medidas de coerción impuesta a los imputados.
Los fiscales investigadores tendrán un plazo hasta el 9 de junio.
El procurador general, Jean Rodríguez, garantizó que durante la extensión del plazo judicial continuará profundizando las investigaciones.
El caso pasará ahora a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Apelación luego que sea recurrida por algunos de los imputados que alegan violación a derechos fundamentales, y que alegan además que el plazo de la investigación está ampliamente vencido porque se debe computar el tiempo desde cuando fueron citados.