República Dominicana.-Habría sido por tráfico de influencia que el Consejo del Poder Judicial destituyó el viernes a la jueza de Primera Instancia de Elías Piña, Ligia Alfonsa Figuereo Beltré.

La destituida jueza es madre de Jaime Valentín Encarnación Figuereo –Jay-, uno de los llamados “asesinos de la fosa”, enviado a juicio de fondo junto a otras  cinco personas, también hallados culpables por e l Juzgado de la Instrucción  de San Pedro de Macorís, de participar en la muertes de varios choferes del transporte público, cuyos cadáveres fueron encontrados en el 2016 en una fosa común, en Guayacanes, en la parte Este del país.

La decisión del Consejo del Poder Judicial está contenida en la Resolución número 13/2018, la cual declara culpable a Figuereo Beltré de haber violado los artículos 44, numerales 1, 4,5, 10 y 51, así como el 66, numerales 4, 7 y 14 de la Ley número 327-98 sobre Carrera Judicial.

También por infringir los principios del Código de Ética del Poder Judicial, con respecto a la credibilidad, decoro, honestidad, independencia, imparcialidad administrativa y judicial, prudencia, responsabilidad y transparencia.

Con la destitución de la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Elías Piña, Ligia Alfonsa Figuereo Beltré, suman 16 los casos de magistradas que han sido destituidas o suspendidas por cometer faltas graves y deshonrosas en sus funciones.

 “Asesinos de la fosa”

En mayo del 2016 fueron encontrados en la referida fosa, los cuerpos de los choferes Vidal Dionisio Berroa Manzueta, Jary Wilson Rodríguez, Germán Arredondo Quezada, y a David Polanco, quienes habrían sido asesinados por la banda a la que se dice pertenecía el hijo de la exjueza de Elías Pina.

Otros de los procesados como supuestos miembros de la red son Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el pasado año cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país. El caso está en juicio de fondo.

El expediente establece que el modo de operación de los inculpados consistía en utilizar maniobras para ubicar a determinados vehículos que eran solicitados con ciertas especificaciones por las personas que tenían a cargo, posteriormente, la venta de los mismos.

Indica que los imputados lograban convencer a los chóferes de forma amigable para que se fueran con ellos tras proponerles que necesitaban un vehículo para trasladar pasajeros de la localidad de Juan Dolio a diferentes puntos, pagando muchas veces, por adelantado más de la mitad de lo pactado.