Ministerio Público desmantela red de trata de personas, cierra Pink Pony Bar

SANTO DOMINGO, D.N.- Ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas de cinco que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar, por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, el Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó con el desmantelamiento de una  red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario y una mánayer.

El Ministerio Público informó que durante la operación fue arrestado en su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional, el propietario del establecimiento de diversión del sector Los Prados de la capital y quien se presume dirige la red, el dominico americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años, mientras que la mánayer de nacionalidad dominicana Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, fue apresada en dicho negocio.

La institución informó que los dos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.

Indicó que los integrantes de dicha organización criminal presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.

Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a la misma también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años de edad, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.

Tras ofrecer los detalles del caso mediante un comunicado de prensa, la institución señaló que los allanamientos fueron realizados mediante las órdenes judiciales No. 0064-JUNIO-2018, No. 0062-JUNIO-2018 y No. 0059-JUNIO-2018, del pasado 22 de junio, que fueron emitidas por los citados delitos en los que se estaría incurriendo en dicho bar.

El órgano a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo, las cartas de invitación que les hacían hacia la República Dominicana, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, laptops, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un carro marca Toyota Corolla del año 2000.

Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana, los cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para el análisis de rigor. También, dijo que confiscaron  documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.

Precisó en ese mismo orden, que además del allanamiento realizado en el bar y en la residencia del propietario del negocio, también fue allanada la vivienda de la madre de éste en el mismo sector Bella Vista, donde el arrestado guardaba documentos relacionados al negocio Pink Pony Bar, siendo confiscados en dicha residencia títulos de propiedad del negocio y pasaportes de las víctimas.

En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Preventiva.

El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes y que luego que las víctimas escaparon del lugar uno de sus victimarios intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde se encontraba la víctima.

De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para traerlas al país y según informaciones obtenidas por un pasaje que cuesta US$120 dólares les querían cobrar hasta 2,000 dólares.

En referencia a este caso, el Ministerio Público señaló que lo llevará hasta las últimas consecuencias, destacando que procurarán que contra los imputados se imponga prisión preventiva.

La información destaca que esta acción se produce en el marco del plan institucional puesto en marcha por el procurador Jean Rodríguez para garantizar una labor más efectiva y oportuna contra la trata de personas, tanto en materia de prevención como de persecución, disponiendo de más personal capacitado en el tema, más recursos económicos y más  herramientas para el combate efectivo de ese delito del crimen organizado.