SANTO DOMINGO.-La Junta Central Electoral (JCE) no tiene calidad legal para organizar las primarias internas de los partidos como proponen consignar por ley las organizaciones políticas con representatividad congresual, advirtió esta mañana el experto constitucionalista Namphi Rodríguez.
Explicó que el sistema constitucional dominicano no permite al organismo electoral inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos, imponiéndole la organización un determinado tipo de primarias.
“La libertad de asociación política consignada por los artículos 47 y 216 de la Constitución y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos entraña que los miembros de los partidos sean los que decidan cuál es el modelo de democracia interna por el que optan”, dijo.
Añadió que “por ese motivo en el sistema constitucional dominicano no hay ningún resquicio que permita extender las competencias constitucionales de la JCE para inmiscuirse en la vida interna de los partidos imponiéndoles por ley un modelo obligatorio de primarias abiertas y simultáneas”.
Expuso que el riesgo latente que acecha a los países que desbordan el principio de separación de poderes e incurren en la extensión del mandato constitucional a los órganos extra-poderes como la JCE provoca “choque de trenes”.
Rodríguez expresó sus opiniones tras las declaraciones de los expresidentes de la JCE Jorge Subero Isa y Manuel Morel Cerda, que advierten del riesgo de que se consigne por ley que el órgano electoral sea quien organice las primarias en que los partidos escojan sus candidatos.
Dijo que una institución como la JCE tiene sus facultades y garantías delimitadas en la Constitución y el legislador se debe limitar a desarrollar el mandato constitucional sin disminuir ni extender sus competencias.
“Por tal motivo su finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular, de acuerdo al artículo 212 de la Constitución”, dijo el profesional del derecho.
Rodríguez consideró preocupante que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se pueda ver implicado en “artificios institucionales” para transgredir la Constitución y los límites constitucionales de las competencias de la JCE.