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Domingo, 4 de Diciembre, 2022

Odebrecht paga a Perú por sobornos para construcción de carreteras

Lima, Perú.- La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, adscrita al Ministerio de Justicia, alcanzó un acuerdo con los representantes de la constructora brasileña Odebrecht, por los sobornos que pago para adjudicarse la construcción de varias carreteras  en ese país.

Odebrecht  indemnizo a Perú con 4,5 millones de dólares al Estado peruano, anunció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vía un comunicado.

El pago se hizo efectivo  a través de las cuentas corrientes del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), donde están los fondos provenientes de operaciones de las empresas del Grupo Odebrecht.

El desembolso  se realizó dando cumplimiento a la sentencia de colaboración eficaz 03-2017 que emitió la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La colaboración eficaz se realizó en el marco del caso “La Centralita”, la red de corrupción liderada por el exgobernador regional, César Álvarez, en la que se espiaba y atentaba contra opositores políticos.

De acuerdo a la investigación fiscal Odebrecht hizo pagos ilícitos a cambio de que se le adjudique la construcción de la carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis.

La Procuraduría alcanzó un acuerdo con los representantes de la constructora brasileña respetando el marco normativo vigente y dejando a salvo el derecho del Estado de perseguir el pago de la reparación civil que corresponda respecto de los demás imputados en el denominado caso “La Centralita”.

Para ello realizaron actos de lavado de activos en los que participaron representantes de la compañía brasileña y funcionarios del gobierno regional de Áncash, entonces presidido por el procesado César Álvarez.

Odebrecht  es protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica al haber pagado sobornos  en al menos una docena de países.

En Perú el caso comprende los sobornos pagados entre 2005 y 2014 para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas y la presunta financiación irregular de las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia de Perú.

 

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