Una nueva reforma a la Constitución para repostular nuevamente al presidente Danilo Medina, generaría incertidumbre y debilitamiento a las instituciones del país, afirmó este domingo la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
Circe Almánzar advirtió que una acción de esa naturaleza afectaría sensiblemente la seguridad jurídica que hay en la República Dominicana y recordó que la posición de los industriales dominicanos es, dentro de las instituciones del sector privado, la que ha sido muy clara en ese tema.
Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la dirigente empresarial fue reiterativa en que una nueva reforma constitucional sobre el tema de la reelección, o cualquier otro tema, generaría incertidumbre y debilitaría nuestras instituciones.
Agregó que la República Dominicana hizo en el 2010 la reforma constitucional más grande de la historia, después de la del profesor Juan Bosch en 1963, la cual dejó satisfecha a todos los sectores dominicanos, y fue modificada cinco años después para habilitar la reelección del actual presidente Danilo Medina.
“Pero en el caso especifico de la reelección, sería muy mal mensaje el hecho de que modifiquemos nuevamente el método de elección, sobre todo para beneficiar al presidente actual, esto crearía un ambiente de inseguridad jurídica y no sería bien visto“, sentenció la directora ejecutiva de la AIRD.
Circe Almánzar insistió en que no se trata de una disposición general, porque ya el debate es más concreto, por lo que desconocerlo sería un debilitamiento de la las reglas del juego y la seguridad jurídica.
“Independientemente de que esta gestión sea buena o que tu la considere mala, yo la considero buena, el problema es la señal que damos, que no podemos estar ajustando la Constitución, nuestra Carta Magna, a los intereses puntuales de alguien“, argumentó.
Recordó que Estados Unidos se construyó sobre la base de un pacto social, porque al fin y al cabo la Constitución es un pacto social, y el mismo no puede vulnerarse por intereses particulares.