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  • Por: Jonan González
  • sábado 15 diciembre, 2018

Expresan rechazo, ahora, al Pacto sobre Refugiados

Santo Domingo.-  Diferentes personalidades han expresado su desacuerdo en que el gobierno dominicano firme el Pacto de Refugiados que promueve el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Dicho pacto es una iniciativa de la Agencia de la Organización de los Estados Unidos para los Refugiados (ACNUR) que está pendiente de que sea aprobada por la ONU en una Asamblea General antes de que finalice el año 2018.

Entre otras cosas, el documento establece que los Estados y partes interesadas pertinentes aportarán sus recursos y pericia para facilitar el acceso de la población refugiada y las comunidades de acogida a una alimentación suficiente, segura y nutritiva, que incluya las mujeres, la niñez, personas jóvenes, las personas con discapacidad y adultos mayores.

En ese sentido, el alcalde de  Santiago Abel Martínez expreso su rechaza a que el Estado dominicano suscriba este nuevo pacto.

“Tenemos que rechazar y estar alerta, porque los que pretenden vender nuestra soberanía y la lesionan no paran en su interés de convertir nuestro país en una nación de ilegales, lo que tendría graves consecuencias para nuestro futuro como nación”, expresó Martínez

Asimismo, el ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez señaló, a través de su cuenta de twitter, que “En el año 2015, no teníamos en RD refugiados, existían unos pocos expedientes, como 12, que fueron trabajados, por tanto no veo la utilidad política y humana de nosotros en estos momentos para firmar ese pacto”

Se recuerda, que luego del pronunciamiento de varios sectores de la sociedad dominicana, el Gobierno anunció el pasado martes 4 que no firmaría el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un documento presentado al país por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, el Gobierno explicó que "su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige.

 

 

 

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