Derechos Humanos afirman autoridades judiciales deben disculparse ante nación

SANTO DOMINGO.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019,  que  lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían  reflexionar y pedirles humildemente  disculpas al pueblo dominicano.

El presidente de la Comisión, Manuel María Mercedes emitió una declaración con motivo del Dia del Poder Judicial.

A continuacón la declaración de la comisión:

Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.

Disculpas por los miles de presos  en las cárceles de nuestro país detenidos cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido llevados en una sala de un tribunal.

Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y muerte.

Disculpas por una justicia selectiva donde la diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.

Disculpas por todo esto y mucho más.

Efectivamente no hay nada que celebrar.

“De hecho somos espectadores una vez más de las inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados con la justicia,  en un verdadero infierno”

Denunciamos como ejemplo,  el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia,  quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.

Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen contra la  empresa Philip Morris, orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio Público. 

A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez, después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a Santiago  le han falsificado su firma y la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia desde el mes de mayo del 2018 y finalmente  le han robado hasta su herramienta de mecánico.

Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial  que las autoridades están celebrando en estas horas.

Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República. Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017.  El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.

Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los medios o a nuestra oficina?

Que sigan, que sigan celebrando las autoridades dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.

Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la impunidad.

Manuel María Mercedes, Presidente de la CNDH-RD