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  • Política
  • Por: La Redacción
  • lunes 21 enero, 2019

FINJUS sugiere eliminar arrastre en elecciones congresuales

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró necesario que sean revisadas las disposiciones que permiten el arrastre de diputados a senadores, a fin de verificar si esto se adecúa a los principios constitucionales que fundamentan el sistema democrático, en el marco de la ponderación del Congreso sobre la ley de Régimen Electoral y su posible modificación.

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró necesario que sean revisadas las disposiciones que permiten el arrastre de diputados a senadores, a fin de verificar si esto se adecúa a los principios constitucionales que fundamentan el sistema democrático, en el marco de la ponderación del Congreso sobre la ley de Régimen Electoral y su posible modificación.

Precisó que la modalidad de arrastre establecida en el párrafo I del artículo 2 de la ley 157-13 resulta en desmedro del fortalecimiento del sistema democrático, debido a que cuando el elector vota por el candidato a diputado de su preferencia de forma inmediata ese voto se le computa al candidato a senador del partido, independientemente de la simpatía del votante.

De esta manera la voluntad del elector que está definida por su preferencia a un candidato se traspasa al partido para beneficiar a otro candidato, mediante el procedimiento del arrastre.

Explica que en el proceso de reforma al régimen electoral pues se diluye la garantía del respeto a la voluntad popular, que constituye un presupuesto esencial de la democracia.

“Es preciso puntualizar que la modalidad de arrastre desconoce el sistema bicameral instalado en República Dominicana, el cual está compuesto por: la Cámara de Diputados y el Senado, que son dos órganos constitucionales con competencias equivalentes pero no idénticas y que concurren en un órgano complejo: el Congreso Nacional”.

En tal sentido, advierte que la composición bicameral tiene que reflejarse al momento del proceso eleccionario por el principio de separación de funciones entre ambas cámaras, de modo que se garantice la calidad reflexiva en la aprobación de las normas, así como también los principios de representatividad y pluralismo, que son fundamentales para la composición del poder legislativo.

En tal sentido, una configuración institucional adecuada del sistema bicameral nos lleva a considerar que la elección de los senadores y diputados debe realizarse en boletas separadas, y en consecuencia, eliminar el sistema de arrastre vigente en la boleta única a nivel legislativo, ya que resulta contraproducente y ajeno a la esencia del sistema democrático.

“Entendemos que la estructura bicameral que compone el sistema legislativo nacional se fortalecería con la eliminación de la aplicación del arrastre de una cámara sobre otra y ofrecería un cauce más efectivo para materializar, en las elecciones legislativas, el sufragio directo que anuncia la Constitución”.

La entidad considera que la separación de la elección entre los representantes de una y otra cámara permitirá una mayor flexibilidad para el elector, al tiempo que se estimulará una composición política más plural en el Senado, elemento de singular importancia en el marco de sus respectivas competencias.

Una estructura más plural de la cámara alta se concibe como elemento de equilibrio político en el sistema de representación electoral-partidario.

Importante destacar, dice Finjus que mediante el arrastre, lo que se produce es una alteración progresiva de la voluntad de los electores, razón por la cual algunos autores han indicado que en casi todos los casos en que se utiliza la modalidad de arrastre en el bicameralismo se producen graves desigualdades de representación pues permite nuevas reglas de juego que empujan a la inequidad entre los candidatos electos.

Plantea colocar en la agenda del estudio y aprobación de la Ley de Régimen Electoral: el fortalecimiento institucional del órgano encargado de dirigir las elecciones (Junta Central Electoral); el control de la publicidad de las candidaturas; los requisitos de elección; los sistemas de control de la democracia interna de los partidos; y la ampliación de los delitos y crímenes electorales.

El objetivo de la necesaria reforma al régimen electoral dominicano debe ser el restablecimiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral, así como superar las limitaciones históricas que han establecido una cultura política divorciada de las estructuras democráticas.

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