SANTO DOMINGO, R D.- El Ministerio Público del Distrito Nacional solicitó medidas de coerción contra ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., imputados en un fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera en perjuicio de decenas de personas.
El Ministerio Público indicó que mediante un operativo fueron arrestados Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba, por su implicación en los ilícitos alegadamente cometidos a través de la entidad financiera.
El órgano persecutor quiere prisión como medida de coerción, y declaratoria de complejidad por tratarse de un caso que conlleva las características de crimen organizado.
La institución informó que a raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.
Según se ha establecido, los imputados conformaron un entramado delictivo a través del cual se dedicaron a estafar decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal
Preliminarmente, este caso se ha calificado como asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera, y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Cabe destacar que el Ministerio Público del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y procurar sanción a las violaciones de las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.