SANTO DOMINGO.- El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael-Pepe- Abreu, consideró como un paso importante la decisión del Gobierno de modificar el texto del artículo cuatro del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales que ha creado confusión.
“Lo importante de esa declaración no es el desmentido, sino la admisión de parte de ellos en el sentido que el párrafo cuarto, en sus dos últimos ordinales, daba el mensaje que hacia entender que los desahucios iban a ser manejados por el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (Inaril), entonces el desahucio está íntimamente ligado a la cesantía, porque el desahucio tiene la cesantía como compensación”, expresó Abreu.
El dirigente sindical hizo referencia a la declaración que hizo esta noche el Gobierno de que no plantean en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado las centrales sindicales.
Pepe Abreu expresó que el Gobierno acogió el llamado que hicieron los sindicalistas de que debían retirar los párrafos referidos a protección laboral y a mezclar el riesgo laboral, con desahucio y desempleo.
“Cuando ellos admiten ahora que para evitar dificultad y malas opiniones y contradicciones, aunque reafirman que el proyecto de ley no tiene como objetivo eliminar la censantía, retiran entonces los dos párrafos y van a enviar una modificación, eso fue lo que nosotros le pedimos exactamente a ellos en ese proyecto”, sostuvo.
Manifestó que aunque el Gobierno no quiere dar su brazo a torcer admitiendo que el sector sindical tiene razón, por lo menos accedió a retirar esos párrafos y admiten que el Inaril debe ser un organismo tripartito.
Rafael -Pepe-Abreu, dijo que ahora los esfuerzos del sector sindical están concentrados en la convocatoria del Comité Nacional de Salarios, pautada para el 25 de este mes y que está pendiente que los empresarios presenten una propuesta concreta sobre porcentaje.
“Porque hasta ahora nosotros planteamos una propuesta, hemos dicho que es un 30 por ciento, pero los empresarios no han dicho nada, porque lo que lo que están exigiendo es una reclasificación o clasificación nueva de empresa para después hacer una propuesta”.