Zovatto cuestiona desacato PRD a fallo TSE y la amenaza del PLD a tres jueces

República Dominicana.-Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), cuestionó el desacato expresado por el Partido Revolucionario Dominicano a la sentencia que anula la Convención XXXIV que ratificó a Miguel Vargas Maldonado como presidente de la organización.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el director regional de IDEA Internacional también cuestiona que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana también amenacen con interpelar a 3 de los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral por una sentencia sobre su aliado PRD.

“El TSE dicta una sentencia. Autoridades del partido sobre el que recae anuncian no acatar el fallo y solicitar juicio político a 3 de 5 jueces del TSE. Autoridades del partido oficialista también amenazan con juicio político”, reflexiona Zovatto, preguntándose de inmediato “En estas condiciones piensa ir RD a sus elecciones del 2020?”.

Junto a IDEA y otras organizaciones que trabajan en el avance institucional de las organizaciones y los procesos electorales de la región, Daniel Zovatto prestó destacada asesoría al país y a la Junta Central Electoral en el montaje  de diferentes eventos y en la concertación y confección de los proyectos de leyes electoral y de partidos políticos de la JCE.

Zovatto es el experto que tras asegurar que había llegado el momento de que la clase política dominicana asuma su responsabilidad, advirtió que no debía el país ir a elecciones en el 2020 sin las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, finalmente aprobadas en el 2018.

Cono experto, Daniel Zovatto entiende que los órganos electorales deben ser dotados de los instrumentos jurídicos, por lo que consideraba que no se le debía pedir a la Junta Central Electoral llenar los vacíos legislativos con reglamentaciones administrativas.

A su entender, ese es un juego muy peligroso que expone institucionalmente al país al riesgo de una crisis.

“Sobre todo en materia del financiamiento, condiciones de equidad, de la competencia electoral, fiscalización, regulación del financiamiento privado y acceso equitativo a los medios de comunicación “.