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SANTO DOMINGO, RD.-El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica –CODUE- advirtió este miércoles que ningún gobernante debe modificar la Constitución de la República con el propósito de obtener un beneficio político coyuntural o de eliminar los límites que tiene el ejercicio del poder.
En un comunicado firmado por el presidente del CODUE, Reverendo Fidel Lorenzo Meran, se establece que los evangélicos no pueden ser cómplices silentes de ninguna acción que violente e irrespete la Carta Magna.
Agrega el comunicado, que quien gobierna tiene poder para hacer muchas cosas, pero debe entender que al traspasar sus límites, va a vulnerar los derechos del pueblo y de los otros poderes del Estado.
A CONTINUACION EL TEXTO INTEGRO PUBLICADO POR EL CODUE.
“Nosotros como pastores, a quienes Dios nos ha encomendado la tarea de realizar nuestro ministerio en favor de los más necesitados, de servir al pueblo, no podemos ser indiferentes ante los temas trascendentales que afectan a nuestra sociedad.
En este sentido, sentimos el deber de compartir con la opinión pública nacional nuestro sentir sobre un tema que tiene a nuestro país sumergido en un intenso debate y tensión: se trata de la preservación de nuestra democracia y de los efectos que podría traer sobre nuestro país una nueva reforma constitucional.
La Constitución representa un pacto entre el pueblo y sus gobernantes, en el que están claramente establecidos los derechos y deberes de los ciudadanos así como el alcance y los límites del poder que se le ha concedido a quienes nos gobiernan, por lo que un gobernante no debe modificar ese pacto colectivo con el propósito de obtener un beneficio político coyuntural o de eliminar los límites que tiene el ejercicio del poder delegado que ostenta.
La Biblia nos enseña que el poder político debe ser ejercido en beneficio de los más necesitados y del pueblo por eso es que entendemos que una reforma constitucional solamente tendría legitimidad si es realizada para garantizarle más derechos a los ciudadanos, para fortalecer el Estado de derecho, y para proteger nuestra soberanía y nuestra democracia.
En este momento, esa es la lucha que vive el país. Nuestra democracia, aún frágil, con recuerdos muy tangibles de la dictadura, no podemos dar un mensaje equivocado, intentando modificar nuestra constitución, cada vez que queramos cambiar algo que no agrade a quienes tienen el poder en sus manos.
No podemos claudicar ante estas tentaciones, no tiene que ver con una persona o un partido, tiene que ver con la defensa de los principios en los que se fundamenta nuestra democracia.
En ese sentido, es que alertamos y asumimos la defensa de nuestra Constitución. No podemos ser cómplices silentes de ninguna acción que violente e irrespete la Carta Magna.
Debemos considerar que el poder tiene límites, al igual que el accionar del hombre en la tierra. Ponemos un ejemplo, una persona puede robar, puede matar, puede engañar pero sabe que todo eso va reñido con las leyes de Dios y de la sociedad y no debe traspasar esos límites.
De igual manera quien gobierna, tiene poder para hacer muchas cosas, pero debe entender que al traspasar sus límites, va a vulnerar los derechos del pueblo y de los otros poderes del Estado.
Por tanto una reforma constitucional no puede ser concebida con la finalidad de beneficiar políticamente a quien está de turno, para perpetuarse sin límites en el poder. Eso no es sano y pone en grave peligro nuestra democracia.
El reciente informe sobre la Calidad de la Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el informe de la Comisión de Venecia encomendado por la Organización de Estados Americanos ( OEA), y las encuestas que se han realizado desde el 2018 hasta la fecha, confirman el peligro y el rechazo de la mayoría del pueblo dominicano a que se efectué una reforma constitucional para reelegir a un gobernante en el poder.
La experiencia de otros países y la misma historia dominicana demuestra que forzar una reforma constitucional, desconociendo desde el poder ejecutivo el orden democrático, establecería condiciones de ingobernabilidad, en nuestro país.
Esta declaración solo busca dejar sentada nuestra posición, que nada tiene que ver con apoyos a tal o cual partido, tiene que ver con nuestra responsabilidad como sector, de advertir las consecuencias fatales que tendría para Republica Dominicana, un atropello a la Carta Magna y una extra limitación del ejercicio del poder”.
