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26 de Junio, 2019
Por:  - jueves 16 mayo, 2019

Apelación interpuesta por Quevedo sigue estancada siete meses después

La audiencia para conocer el recurso de apelación interpuesto por el empresario del transporte y sindicalista, Arsenio Quevedo, ha sido aplazada en seis ocasiones desde octubre del pasado año cuando fue solicitada.

Quevedo, quien es acusado de liderar una red de sicariato que habría dado muerte a tres choferes se queja de la situación que lo mantiene tras las rejas por ese hecho del que asegura no es responsable.

También, el Ministerio Público apela, desde hace siete meses, a que la absolución del exregidor Ericson De los Santos Solís sea revocada.

En esa ocasión la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reenvió la vista para el lunes 10 de junio, ya que  Quevedo se presentó sin sus abogados. Su representante Sonia Marlene Guerrero envió una excusa donde indica que se encuentra enferma.

Los demás juristas no asistieron, según explicó el mismo Quevedo, esto se debe a un impasse por asuntos económicos, ya que no les ha pagado.

Este jueves, antes de que la audiencia fuera suspendida, la procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Yeni Bereince Reynoso, reaccionó molesta y calificó los aplazamientos como una táctica dilatoria de los implicados en el caso.

Reynoso afirmó que de las seis veces que no se ha podido conocer la causa, cuatro ha sido por la incomparecencia de los abogados defensores, lo que representa un alto costo económico para los parientes de las víctimas, que deben presentarse a las audiencias, y para el sistema de justicia.

“Desde el 15 de octubre estamos tratando de conocer el recurso y vamos por mayo, para junio y estas víctimas tienen que venir aquí, siempre hay una excusa  irresponsable… para fines de asistencia él (Quevedo) tiene una barra de defensa, pero para fines de contratación de acuerdo a él, él tiene tres abogados contratados de manera independiente y con dos abogados que no viene a audiencia desde el año pasado él no he ha puesto de acuerdo”, indicó la procuradora fiscal.

“Entonces hay un límite, ningún derecho se ejerce de manera ilimitada, eso es un atropello a la acusación, a estas personas que merecen una respuesta en un plazo razonable”, expresó.